Afirma el alcalde que no es responsabilidad del Municipio liquidar a ejidatarioa
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- El alcalde, Guillermo Anaya, niega que él o su familia tengan intereses económicos en los terrenos donde se proyecta construir Megabastos La Jolla. ?Que le busquen?, asegura.
Señala además que está claro el origen de esta inversión, que es capital privado, de ahí que el único interés que tiene el Municipio es por lo que hace a la generación de fuentes de empleo.
Lo ideal sería que se construyera allá la central de abastos de acuerdo al proyecto de los inversionistas, porque el crecimiento comercial de la ciudad lleva tendencia natural hacia aquel sector, sin embargo, de no hacerse debido a la situación jurídica que prevalece en cuanto a los terrenos, sería lamentable.
Si bien sabe que ejidatarios se ampararon contra el Municipio para echar abajo la expropiación de 1996 por supuesto incumplimiento en el pago de la indemnización, explica que el área Jurídica ya trabaja en el seguimiento del Juicio de Garantías.
El alcalde se refirió a la postura de los ejidatarios de La Joya que aseguran no han sido indemnizados la mayoría de los 250 que integraron en su momento el Núcleo de Población Ejidal denominado La Joya.
Sostiene que no es responsabilidad de su Gobierno pagarles porque esos terrenos fueron adquiridos luego por empresarios interesados en desarrollar un proyecto comercial.
El alcalde sostiene que no tiene parentesco con uno de los principales inversionistas que es Federico Obeso Gutiérrez y que no hay razón justificada para involucrarlo a él en lo personal como interesado en derivar un beneficio económico en este asunto de tierras expropiadas de las que dijo, ?ni cuando fui diputado local, ni tampoco federal, metí las manos con fines de arreglar algo?.
También dice que como abogado, que es su profesión, tampoco ha litigado sobre asuntos agrarios.
El interés que consideró ?fuerte? que tiene el Municipio en una parte de los terrenos de Megabastos La Jolla, es el área de más o menos diez mil metros que se consideró para construir una terminal suburbana, la cual entra dentro del programa de modernización del transporte denominado Trans-Siglo.
El proyecto de referencia sigue firme y anunció que la construcción de esta central destinada para los camiones suburbanos procedentes del oriente de la ciudad sigue firme y de no hacerse en los terrenos proyectados se cambiará a otro espacio municipal ubicado en la calzada Francisco Sarabia.
Dice que no habrá marcha atrás en cuanto a reestructurar las rutas y mientras se decide la ubicación de la central que significará la salida de los camiones rancheros del bulevar Revolución, se trabajará con el transporte urbano.
Solicitan avalúo
Ejidatarios de La Joya que reclaman la indemnización por la expropiación de 145 hectáreas en ese ejido en 1996, ya solicitaron un avalúo a precio actual de las tierras, ya que será la base para fijar el pago por parte de los inversionistas de Megabastos La Jolla.
En rueda de prensa organizada en la casa del comisariado ejidal, Leonardo González Hernández, indicaron que además, se prepararon ya los elementos jurídicos para la Audiencia Constitucional de la demanda de amparo que se interpuso ante el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna y que se desahogará el cuatro de enero a las diez de la mañana.
Por su parte el abogado, Luis Guillermo Talamantes, dice que la suspensión definitiva o ?de plano? otorgada en este Juicio de Garantías, como resultado de que no existen los elementos de prueba de que se les pagó a la totalidad de los 250 ejidatarios que integraron el Núcleo de Población Ejidal denominado La Joya, seguramente será favorable.
Destaca que en caso de que no suceda así, existen otros recursos legales para iniciar un proceso de revisión que puede tardarse mucho tiempo en arreglarse y mientras tanto los predios expropiados ?no podrán ser expropiados ni urbanizados, hasta en tanto se conozca el fin del Juicio?.
Las autoridades demandadas en este Juicio de Garantías son el Ayuntamiento de Torreón, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Seis, el Congreso del Estado y el Registro Público de la Propiedad de Torreón.
La demanda de amparo de estas personas es para que esos terrenos no se ocupen hasta que se les pague la indemnización como legalmente corresponde al Núcleo, es decir al ejido, así como lo establece el decreto de expropiación de 1996.
