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MÉXICO, DF.- La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) inició la distribución de un folleto en el que ratifica que “no erogó un solo centavo” a la Fundación Vamos México, a través de la publicación del libro “Cómo proteger a sus hijos contra las drogas”, cuyos derechos de autor pertenecen a la Secretaría de Salud (Ssa).
Cita que “Cómo proteger a sus hijos contra las drogas” lleva hasta la fecha ocho ediciones y 70 reimpresiones, con un total de dos millones 470 mil 350 ejemplares, una parte de los cuales se encuentra en las 150 mil bibliotecas escolares de los planteles de educación básica del país y otra proporción, en los Centros de Integración Juvenil.
La Comisión argumenta que la producción de esos textos fue “bajo los auspicios de distintos gobiernos estatales y municipales, organizaciones académicas y empresas como Quebecor México”. Afirma que tal como lo muestra el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, el análisis realizado al gasto federal en 2002 muestra que “no hubo desvío de recursos públicos”.
La Conaliteg explica que tal acusación surge desde el año 2001, cuando diferentes grupos de empresarios y ex trabajadores “vieron afectados sus intereses” en la eliminación de actos ilícitos y hasta de corrupción, en el momento en el que se suspendió el pago a intermediarios en la elaboración y distribución de los libros, se amplió el número de empresas que elaboran los textos y se demandó la reutilización de papel reciclado.
Con estas acciones, refiere la Comisión, en los últimos tres años se reorientaron mil 139 millones de pesos a la elaboración de 92 millones de libros en el país; esto pese a que el presupuesto autorizado, en este período, disminuyó en 4.7 por ciento.
A través de un folleto de 14 cuartillas para rendir cuentas a la ciudadanía, la Conaliteg, a cargo de Jorge Velasco y Félix, responsabiliza al ahora cónsul de México en Detroit, Antonio Meza Estrada (1994-1999) y ex secretario particular de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando el ex presidente fue secretario de Educación Pública, de los “actos presumiblemente ilícitos” ocurridos en la Comisión.
Como ejemplo de las acciones irregulares difunde que en 1999 sólo cuatro empresas impresoras: Magnograf/Encote, Compañía Editorial Ultra, Offset Multicolor e Imprentor; concentraban el 64 por ciento de la producción total de libros de texto gratuito; para el año 2000, ese grupo concentraba 70 por ciento de los más de 152 millones de libros que se otorgaron gratuitamente a los niños y jóvenes en el país.
Esa cifra equivalía a 47 por ciento del presupuesto ejercido por la comisión.
Otro “caso ilustrativo”, refiere, es el de Litografía Magnograf, que en 1995 fue sancionada e impedida para participar en procesos de licitación del gobierno federal, por lo que el propietario creó una nueva razón social bajo ese nombre.
Entre 1996 y el año 2000, esa impresora obtuvo adjudicaciones por 478 millones 772 mil pesos. Sin embargo, las autoridades de Secodam encontraron que el propietario había “incurrido en falsedad de declaraciones durante los procesos licitorios” y fue inhabilitada.
Pero el empresario constituyó una tercera empresa, en la misma dirección fiscal y con los mismos trabajadores, ahora con el nombre de Encuadernaciones de Oriente; y en tan sólo dos años obtuvo adjudicaciones por parte de Conaliteg por un monto superior a los 230 millones de pesos.
En cuanto a la impresión y encuadernación, la Comisión sostiene que “en lugar de contratar directamente los servicios de impresión y encuadernación, se pactaba con doce intermediarios, dos de los cuales facturaron 20% del total”.
Por lo que hace a la distribución, establece el comparativo que en el año 2003 la Comisión utilizó más de 4 mil tráileres para la distribución de los libros en todo el territorio nacional, en cambio en el año 2000 “se contrató, mediante licitación pública nacional a una empresa que contaba con un solo vehículo para distribuir más de 50% de los libros, por lo que tenía que subcontratar unidades en la Central de Abastos”.
El pago de todo ese proceso llevó a la Conaliteg a pagar por el costo de cada libro elaborado hasta 11 pesos por ejemplar publicado para la primaria, y en promedio de 9.42 pesos.
De acuerdo con las cifras reportadas en el año 2003, el costo de los libros que se distribuyeron en el ciclo escolar que terminó en junio, la Comisión pagó 4.70 pesos por libro de texto gratuito que llegó a las escuelas.
En la presentación del documento, la Conaliteg sentencia que hoy, al igual que hace 45 años cuando se creó esa dependencia, “proliferan y son insistentes las presiones privadas, los ataques públicos contra la institución y sus directivos basados en información apócrifa, deformada y falsa”.
