Debido a que un juez investiga al empresario bajo ese cargo, la PGR no podrá procesarlo, ya que por ley un sujeto no puede ser juzgado por el mismo delito en dos ocasiones
México, (Notimex).- La Procuraduría General de la República (PGR) envió al Juzgado 9 de Distrito más de 100 pruebas, que el impartidor de justicia consideró para dictar auto de formal prisión contra el ex diputado local, René Bejarano, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, informó lo anterior y negó que la dependencia haya recurrido a un juez "de consigna" para acreditar la probable culpabilidad de Bejarano.
En entrevista por teléfono, el funcionario dijo que las pruebas que consideró el juez para dictar el auto de formal prisión al ex perredista la madrugada del jueves pasado se componen de diligencias, videos, peritajes y la denuncia del empresario Carlos Ahumada.
Asimismo, fueron integradas a las pruebas presentadas al juez Reynaldo Manuel Reyes Rosas, declaraciones de Antonio Martínez Ocampo, socio de Ahumada, las de una secretaria del Grupo Quart y los contratos de obras entregadas al empresario de origen argentino.
Ante el juez está acreditada no sólo la existencia de recursos, sino que tienen procedencia ilícita o representan el producto de una actividad ilícita, además de que se conocía la ilicitud del origen o que provenía de actividades ilícitas, afirmó.
Los recursos que Carlos Ahumada entregó a René Bejarano se convierten en ilícitos cuando Bejarano los adquiere producto de una extorsión, explicó, es decir, Ahumada saca de sus recursos lícitos dinero para pagar la extorsión, quien conoce que los recursos son ilícitos derivados de la extorsión es René Bejarano, explicó Santiago Vasconcelos.
Puso como ejemplo cuando una persona es extorsionada por algún sujeto, entonces, la víctima toma dinero de su patrimonio, de sus recursos lícitos, pero el delincuente sabe que ese dinero que obtuvo es producto de la extorsión, entonces entra a la esfera de recursos allegados de forma ilícita.
Aclaró que la PGR en ningún momento seleccionó al juez Reynaldo Manuel Reyes Rosas para que fuera quien conociera de la causa, sino que la designación se dio en el ámbito del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un primer momento, recordó, se consignó el expediente al Juzgado 5 de Distrito con sede en Toluca, el cual se declara incompetente y lo remite al Juzgado 14 en el Distrito Federal, tribunal que gira la orden de aprehensión, pero también se declara incompetente y lo retorna al 5.
Ante las declaraciones de Dolores Padierna, acerca de que el juzgado actuó por consigna de la PGR, el subprocurador indicó que este juzgado, a su vez, lo envió al turno del Reclusorio Sur.
En ese penal se efectúa un sorteo para determinar qué juzgado conocería del caso, "pero no porque nosotros lo haymos seleccionado, eso se da dentro del circuito del PJF", recalcó.
Sobre Carlos Ahumada, el funcionario dijo que la PGR está imposibilitada jurídicamente para consignar ante un juez federal al empresario por el delito de "lavado" de dinero, debido a que el empresario ya está siendo juzgado bajo ese cargo.
por lo que ahora analiza si es probable responsable de otros hechos derivados de la investigación.
La indagatoria que iniciaron las autoridades federales por operaciones con recursos de procedencia ilícita contra el empresario trata de los mismos hechos que consignó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Por lo tanto, de acuerdo con la ley, una persona no puede ser juzgada dos veces por e mismo delito, haciendo referencia al auto de libertad que dictó el Juzgado 32 Penal con sede en el Reclusorio Sur por este delito imputado por la procuraduría capitalina.
En el caso del empresario, recalcó, ambas procuradurías lo investigan por el fraude por 31 millones de pesos a la delegación Gustavo A. Madero, ambas indagatorias por operaciones derivadas producto de ese fraude.
Puntualizó que ahora, la Siedo busca si hay otros hechos que se deriven de estas actividades de "lavado" de dinero y, en su caso, formular nuevas imputaciones.
