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México, DF.- La Semarnat respetará los procedimientos legales emprendidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los tribunales sobre presuntos actos de corrupción en la dependencia, aseguró Alberto Cárdenas Jiménez.
El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se refirió a los procedimientos emprendidos por la SFP contra el ex subsecretario Raúl Arriaga y otros ex funcionarios, y subrayó que hasta el momento “ningún funcionario y ex funcionario es culpable, pero tampoco se permitirá que haya carpetazo del asunto”.
Al encabezar la “Reunión Nacional del Sector Medio Ambiente”, advirtió que no permitirá ninguna traición a México ni a la ecología y exigió “total lealtad al Presidente, a su servidor y a todo compañero y jugarnos el pellejo en cada acto de autoridad”.
Luego, en conferencia de prensa durante un receso de la reunión, Cárdenas Jiménez aceptó que la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar “inconstitucional el delito de uso indebido de atribuciones”, provoca “lagunas jurídicas” que deberán resolverse sobre la marcha.
En cuanto a la importación de seis delfines de Japón y la anómala situación que se generó por los permisos para importar 28 delfines de las Islas Salomón, aseguró que en el primer caso “se cumplió con la norma mexicana así como con la internacional”.
Sobre la situación de los delfines sobrevivientes en Cancún, que ya no podrán a volver a la vida silvestre según expertos en animales, y que además son mantenidos en condiciones inadecuadas, explicó que no existe en el país un delfinario suficiente para los 26 ejemplares.
Se estudia la factibilidad de trasladarlos a diferentes acuarios del país, y aunque no es conveniente juntarlos con otras especies e incluso se ha considerado enviarlos a un acuario de Cozumel, propiedad de los importadores originales, “es inminente su salida del área protegida donde se encuentran”.
Aceptó, por otra parte, la dificultad prevalenciente en los “focos rojos” donde se llevan a cabo actividades de tala ilegal organizada en el país, como es el caso de Huitzilac, en las colindancias entre los estados de México y Morelos, donde a pesar de haber sido declarada “zona recuperada” hace pocos meses, sigue siendo devastada según comprobó Greenpeace.
