LE PLATICABA HACE unos días de la reunión de consejo de Capufe realizada el 15 de noviembre, para analizar el tema del nuevo sistema de telepeaje para carreteras. El proyecto a cargo de I&D que representa Víctor Manuel Gómez se desfasó notoriamente de la ruta crítica pactada en las bases, por lo que ahí se presentaron cuatro alternativas para salvar la situación.
La primera fue el no otorgar a I&D ningún diferimiento. Esta compañía pretendía llevar el compromiso original del 27 de mayo de este año al diez de mayo de 2005, es decir prorrogar por un año el contrato multianual con duración de ocho años, con un costo por cruce de 5.35 pesos más IVA. En ese caso sí se aplicaría una pena convencional por 5 millones 350 mil pesos.
Otra era diferir el compromiso, aunque se consideró el riesgo de interpretación en cuanto a darle condiciones más ventajosas a I&D. Una tercera era la rescisión del contrato con las contingencias jurídicas implícitas, y finalmente la opción sugerida que fue llegar a un convenio.
A favor se ponderó el reconocimiento equitativo de los incumplimientos, se eliminó la posibilidad de controversias y se da viabilidad al proyecto. En contra se reconoce que es “una solución que pudiera ser observada por un ente fiscalizador por ir más allá de lo que establece la Ley de Adquisiciones”.
Se ponderó que en una controversia judicial o administrativa existen evidencias documentales de que un Centro Espejo Provisional no se ha concluido, afectando la ruta.
De ahí que en la reunión se aceptara por unanimidad el celebrar un “convenio de transacción”. Toca el turno a la dirección de Capufe que encabeza Manuel Zubiría presentar los términos del mismo en otro consejo el próximo 2 de diciembre.
Justo en la reunión del último consejo estuvieron el titular de SCT Pedro Cerisola, quien presidió. También Oscar de Buen Richkarday de Autopistas de Cuotas de la misma SCT, Manuel Castellanos director jurídico y Carlos Roca de operaciones de Capufe, Froylan Rolando Hernández Lara de la SFP, Luis Rodríguez Medellín de Sedesol, Jaime Sánchez Cruz de la SHCP, Mario Gallegos de Economía y el mismo Zubiría.
Cerisola no estuvo muy conforme con que fuera Capufe la que presentara el informe y no un “comité ad hoc” que era el que iba a evaluar el tema. Sin embargo Hernández Lara, que fue él más activo en la reunión, precisó que no todos jalaron parejo. Dijo que de la SHCP nadie participó y que de Banobras sólo fueron a las dos primeras juntas.
Se informó que I&D sólo tiene a la fecha 77 carriles de telepeaje terminados de los 324 previstos para mayo pasado y que el termino máximo que puede reconocerse para el diferimento de fechas es de 226 días naturales, esto es el 8 de enero de 2005.
Se habló del requerimiento ya hecho de la multa mencionada y de los argumentos del proveedor en torno al incumplimiento de Capufe, de ahí que se decidiera por la celebración de un contrato de transacción con I&D, en el que finalmente sí se le aplicaría el castigo.
Todos estuvieron conformes con esa conclusión. Cerisola precisó que lo único que se aprobaría es el convenio de transacción y que ya en el documento en firme se tendrían que documentar tanto los atrasos del proveedor como los de Capufe, en un asunto al que calificó como “un berenjenal”.
A su vez el representante de la SFP precisó que “el consejo no estaría autorizando la celebración de este contrato de transacción. Se estaría enterando del informe y de la decisión de Capufe. Es una competencia de la dirección general...incorporar las justificaciones que sustenten la decisión aplicada, previendo que en dicho contrato se asegure para Capufe la continuidad del proyecto, evitando cualquier erogación adicional en el futuro para la entidad”.
Finalmente Zubiría pidió un reconocimiento para Hernández Lara de la SFP por su ayuda y a Eduardo Vilchis de normatividad, al aclarar la extemporaneidad para la aplicación del artículo 63 de la Ley de Adquisiciones. En función de ello, dijo, se llegó a la posibilidad de plantear este convenio, con lo que “vamos a dar el último empujoncito para sacar este proyecto con éxito”. Cerisola remarcó: que más bien era un “empujonzote”, Zubiría continuó destacando la importancia de la sesión, ya que todo esto “también está afectando el financiamiento”.
Por lo pronto el 19 de noviembre Telepeaje Electrónico, firma que se quedó en el camino en la subasta para instalar dicho sistema de telepeaje, ratificó en la SFP de Eduardo Romero una queja contra Zubiría, Roca, Castellanos y otros funcionarios de Capufe. Se les acusa de incumplir la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. La denuncia original fue presentada el 12 de octubre por los socios de esta empresa que son Inbursa de Marco Antonio Slim, Nasoft de Manuel Senderos e Integra de Carlos Gutiérrez.
Se sabe que la SHCP de Francisco Gil Díaz ha estado en contra de la forma en que Capufe ha manejado este proyecto, que el asunto se le llevó al propio Vicente Fox sin que aparentemente pueda haber un cambio en el estatus y que la misma Inbursa ha presentado por ahí un esquema alternativo con un precio menor de 3.20 pesos el cruce. Como ve el tema se mueve.
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FINALMENTE Y DESPUÉS de meses de gestiones por parte de Pemex Refinación que encabeza Juan Bueno Torio, aho ra sí este 7 de diciembre se publicará la convocatoria para arrendar dos nuevas embarcaciones para apuntalar la vetusta flota petrolera de Pemex. Dos días después se hará el llamado para otras dos con la intención de recibir una primera unidad de refresco para marzo y la siguiente en abril del 2005. De esta manera se sustituirán el mismo número de barcos que ya hoy están “amarrados”, con lo que se iniciarán en breve las gestiones para su formal desincorporación de los activos. Desde el punto de vista de las reglas internacionales de medio ambiente ya no pueden navegar. Fue el pasado 5 de octubre cuando en una reunión de consejo de Pemex Refinación se aprobó su reemplazo. Será por arrendamiento puro por 5 años, la tripulación será personal de Pemex, tendrán bandera mexicana, y los buques deberán ser de última generación para lograr eficiencias en el abasto. Se exigirá a su vez que los contratos tengan un apartado de acuerdo técnico para que los navieros oferentes se hagan cargo del mantenimiento.
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AYER POR LA tarde hubo junta de gobierno en el IPAB que encabeza Mario Beauregard y tal cual le anticipe el único que empujó fuerte para quedarse con Arka que preside Alfredo Navarrete fue Ve por Más que llevan Antonio del Valle Perochena y Jaime Ruiz Sacristán. Tanto IXE de Enrique Castillo como el Bajío que preside Salvador Oñate ya no apostaron a raíz de que recién se conoció de una demanda de un cliente regiomontano por una supuesta operación fallida. El IPAB se desistió de garantizarla. Ve por Más quizá consideró que el asunto es manejable ya que ofreció 81 millones de pesos. Será este 8 de diciembre cuando se suscriba el contrato.
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Y POR CIERTO si usted se pregunta si Banco del Bajío que dirige Carlos de la Cerda buscará el aval para una casa de bolsa le puedo responder que no necesariamente. Y es que la institución ha explorado otras alternativas para crecer y una de ellas podría estar en la adquisición de una sofol hipotecaria. Ahora mismo se exploran dos o tres alternativas.
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EL QUE ACABA de recibir la aprobación para lo que será su nueva casa de bolsa es Protego de Pedro Aspe. La intención de esa creciente firma es arrancar cuanto antes bajo la conducción de Sergio Sánchez. Tendrá un enfoque muy orientado a atender el resguardo del patrimonio de clientes de alto nivel, así como la atención al renglón institucional, particularmente afores cuyos márgenes de maniobra como se sabe, se han ampliado.
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AYER EN CANCÚN, Concamín realizó su junta de consejo. León Halkin, su presidente, rindió el informe de su gestión con un buen balance. También se aprobó la posibilidad de que se reelija para un tercer año, esto en el marco de la nueva ley de cámaras que está por aprobar el Senado. Halkin asumiría ese nuevo periodo con el consenso de sus miembros en febrero o marzo de 2005. Por cierto que las versiones en cuanto a que los municipios también podrían cobrar el costo de inscripción al nuevo registro obligatorio al SIEM son incorrectas, ya que la cuota de entre 100 pesos y hasta 600 para las grandes corporaciones se pagará a Economía de Fernando Canales. La idea es lograr un padrón de empresarios. Incluso se contemplan sanciones. Pero las cámaras no perderán prerrogativa alguna en la afiliación de sus miembros y las cuotas que esto conlleva.
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