Con la reforma a pensiones del ISSSTE deuda a flote por 1.4 bdp y afore pública viable
*Se enrarece clima de Satmex: acreedores vía propia, González y Autrey diferencias, Burillo con todo, acusan a UBS y SCT analiza lo legal
*En 2005 vivienda acotada e Infonavit en breve más Cedevis; CFC pronto avales para telefónicas; guarda SAT auditorías a Canal 40
UNA VEZ QUE concluya esta semana la discusión de la política de ingresos y subsecuentemente la de egresos, como ya le había platicado no hace mucho, existe la intención por parte de la SHCP que encabeza Francisco Gil Díaz de buscar la aprobación en el Congreso de una reforma al régimen de pensiones del ISSSTE, la cual a estas alturas ya se ha rebotado con el sector laboral y con diversos legisladores.
El asunto es de lo más relevante para el país por el crecimiento geométrico del déficit de pensiones que incluso pone en jaque al instituto que lleva Benjamín González Roaro. Para el próximo año éste llegará a casi 30 mil millones de pesos y para 2006 a 35 mil millones de pesos. De ahí que se pueda decir que el futuro ya nos alcanzó con el consecuente deterioro del servicio médico que se ofrece a 2.5 millones de burócratas.
Las dos premisas en las que descansa la propuesta de pensiones a presentar vía un sistema de cuentas individuales, son el respeto a las jubilaciones de los pensionados actuales, así como de todos sus derechos adquiridos.
Además los burócratas van a tener por primera vez regularizada su historia laboral, lo que hoy no siempre se da por las imperfecciones en los registros. Estos recursos van a ser heredables debido a que la pensión estará en una cuenta totalmente transparente a nombre del trabajador. Dado que el sistema elegido es compatible con el del IMSS habrá portabilidad para aquellos que vayan al sector privado o regresen al servicio público. Las mujeres ya no financiarán a otros, puesto que por la maternidad y sus responsabilidades para con los suyos en muchas ocasiones dejan de trabajar sin que se les reconozca nada. Incluso a los trabajadores de menor ingreso se les dará una pensión mínima garantizada.
La parte nodal de la reforma tiene que ver con un bono de reconocimiento que costará en el tiempo 815 mil millones de pesos. A ello sume 612 mil millones de pesos más para los trabajadores ya jubilados y que no tendrán ningún cambio en su estatus, lo que eleva la deuda a un billón 427 mil millones de pesos. Este pasivo ya se tiene y lo único que se haría es transparentarlo.
Implicaría un costo de transición por más de 30 mil millones de pesos que habría que sufragar de aquí al siguiente sexenio. Desde el punto de vista político la ventaja es que la administración de Vicente Fox absorbería todo el costo fiscal de este problema, que de no atajarse a la brevedad se convertirá en un factor creciente de presión para las finanzas públicas. Se calcula que hacia el 2008 la trayectoria del déficit comenzaría a declinar.
En esencia se puede decir que un trabajador actual afiliado al ISSSTE tendrá como jubilación una pensión conformada por su bono de reconocimiento, los años adicionales como cotizante, más intereses.
Un empleado promedio con 13 años de antigüedad, 39 años de edad y cinco mil pesos de salario, podría partir con un bono de más de 265 mil pesos. Uno que gane 15 mil pesos casi 800 mil pesos, niveles mucho más elevados a los que hoy tienen los afiliados al sistema del IMSS.
Uno de los casos con bonos más altos supone a un empleado de 46 años, 30 años de cotización y 5 mil pesos de salario. Llega a un millón 258 mil pesos, mientras que el de 15 mil pesos obtiene hasta 3 millones 773 mil pesos. Además no habría que negociar ya nada porque la subsecretaría a cargo de Alonso García Tamés junto con la dirección de banca y seguros que lleva José Antonio González, presentarían los tabuladores correspondientes para calcular el número de veces el salario anual de cada retirado.
La propuesta podría servir de base para crear un sistema nacional de pensiones al que se incorporen los gobiernos de los estados, paraestatales como Pemex que ahora lleva Luis Ramírez Corzo o la CFE de Alfredo Elías Ayub, universidades públicas y la banca de desarrollo.
Las cuentas de pensiones de los burócratas podrían ser manejadas por una afore pública, para la cual no hay ninguna objeción, salvo el dejar abierta la posibilidad de que los trabajadores puedan elegir cualquiera del resto de las opciones que hay en el mercado.
Eventualmente los propios bonos podrían ser instrumentos a colocar en el mercado para fondearlos, pero dada su magnitud dichas operaciones tendrían que ser calculadas para no trastocar el mercado de dinero.
Como ve el esquema suena realmente atractivo, pero la última palabra la tendrá una vez más el Congreso que hasta ahora no ha dado una.
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RESULTA QUE TRAS concretarse el nuevo incumplimiento de Satmex, el panorama todavía está más interesante de lo que ya le adelantaba ayer. En efecto, los acreedores van a tratar de jugar sus propias cartas, capitalizando deuda y buscando un arreglo con el gobierno para financiar en el largo plazo el menoscabo por 188 millones de dólares garantizado con Satélites Mexicanos que asumieron Loreal Space y Principia en este caso Sergio Autrey y Lauro González. Entre estos dos accionistas aparentemente ya hay diferencias muy marcadas, según esto por algunos excesos que en materia administrativa se han encontrado. Sirva mencionar que González y un grupo de cinco ejecutivos tendrían a su favor un “golden parachute” por casi 6 millones de dólares. El mismo Sergio Autrey opera ya con su propia firma de inversión muy aparte de la que institucionalmente tiene Satmex como empresa y que en este caso es UBS que maneja el ex subsecretario de Comunicaciones, Jorge Silberstein. A éste se le acusa de proteger un arreglo con Alejandro “el güero” Burillo, quien tras la defección de Carlyle se mantiene en lo individual interesado en incorporarse a Satmex para lograr sinergias con PanAmSat, que a su vez maneja un ejecutivo de toda su confianza que es Arturo Ballesteros. Constellation de James Marks es la otra alternativa que se mantiene en el panorama de la emproblemadísima empresa satelital, en tanto que en la SCT de Pedro Cerisola ya se analizan diversos escenarios de controversias legales ante la eventualidad de que para fin de año o antes inclusive, se opte por una requisa de la compañía para garantizar el servicio. Habrá que ver la evolución que finalmente tengan los acontecimientos alrededor de Satmex, ya de por sí bastante revueltos.
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PESE A LA expectativa favorable que hay para el cofinanciamiento hipotecario, el avance de esa fórmula hasta ahora ha sido bastante lento por lo que prevalece la sobreoferta en el mercado de vivienda. Este año el número de financiamientos se ubicará en unos 505 mil y se cree que definitivamente la meta del 2005 no podrá despegarse demasiado como es la intención de la Conafovi a cargo de Carlos Gutiérrez que pretendía llegar a 650 mil, número inalcanzable. Por lo que hace Infonavit que dirige Víctor Manuel Borrás hay la confianza en que una vez que se “llenen las tuberías” el cofinanciamiento podría superar hasta 90 mil operaciones de aquí a todo 2005. Aún así ese instituto situaría en 375 mil operaciones su meta del año que entra, contra 305 mil de este año. Obviamente se continuará con la oferta de Cedevis y de momento ya se prepara una emisión para fin de este mes por mil 250 millones de pesos, que se sumarán a los 750 millones de marzo pasado.
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APARENTEMENTE SERÁ LA próxima semana cuando la CFC que encabeza Eduardo Pérez Motta emita las resoluciones con los avales requeridos para la participación de varias empresas en las subastas de nuevas frecuencias telefónicas y de radiolocalización que ya prepara la subsecretaría de telecomunicaciones a cargo de Jorge Álvarez Hoth. Como se sabe en ellas participan empresas como Telcel de Daniel Hajj, Nextel de Peter Foyo, Telefónica Móviles de José Molés, Axtel de Tomás Milmo y MaxCom de René Sagastuy entre otras. El requisito de la CFC es una especie de banderazo de salida para iniciar ahora sí las licitaciones antes de que concluya el año.
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ES PÚBLICO QUE el SAT que lleva José María Zubiría realizó varias visitas domiciliarias a CNI-Canal 40 de Javier Moreno Valle en donde supuestamente se habrían encontrado irregularidades con el manejo del ISPT y el IVA. Las auditorías se realizaron en 2003, pero resulta que ahora dicha información es guardada a piedra y lodo. Y es que la administración central de fiscalización a cargo de Alejandro Vázquez Téllez ya rechazó la entrega de la misma a la PGR que encabeza Rafael Macedo de la Concha, para otras investigaciones en curso vinculadas a Moreno Valle. Se colige que el uso de las mismas se reserva para utilizarse como futura arma política si se requiere, dados los tiempos electorales que ya se avecinan.
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