El campo mexicano ante la globalización
Para apoyar al sector agropecuario de Estados Unidos y su repercusión en México, existe la Ley ?Farm Bill?, pero habría que agregar los tratados de Maastrich, Lome y otros de la Unión Europea. Es preocupante no tocar este tema tan sensible cuando el paraíso comercial que da la globalización para las grandes potencias no tiene reciprocidad y sí asimetrías sensibles y difíciles de superar. Los subsidios que la Unión Europea y Estados Unidos dan a los productores del sector primario deberían tener una respuesta de equilibrio por parte de la política de Gobierno en México. En la propia Ley de Desarrollo Rural Sustentable no se plasma el mecanismo de representatividad adecuado para los paneles multinacionales en materia de globalización de mercados.
El factor externo y la falta de una política clara en materia de equilibrios y de asimilar asimetrías, enseña la punta del iceberg de ese paraíso de comerciantes que en México se está dando en detrimento del sector productivo del país.
No es satisfactorio ni se puede ser conformista ante el hecho de que México sea de los primeros importadores de leche en polvo; que se tenga una importación de cárnicos que está a punto de provocar la quiebra de la planta productiva nacional; que en materia de azúcar y fructuosa, con simple y sencillamente decir que pudiera eliminarse al gravamen cero por importación de aceros en México al mercado de Estados Unidos o cualquier mecanismo compensatorio, se pretenda cancelar el impuesto especial a aplicarse a la industria refresquera.
Una guerra de tesorerías no es deseable. Sería absurdo y además nacería muerta; de entrada se perdería inevitablemente esa guerra. Se trata de una buena planeación del campo entre los tres países (agricultura complementaria) y de hacer cumplir los contenidos positivos de los diversos tratados de libre comercio suscritos por México. Algunos de ellos, refieren condiciones homogéneas, es un compromiso que signan los países en cuestión e inclusive se establece una protección ante medidas de dumping, en las que al precio del mercado se tiene que adicionar el valor de los subsidios y de las diferencias.
No se pueden resolver problemas ajenos, de países en desarrollo con problemas de competitividad, con economías diferentes, algunas de ciencia ficción y pondría entre comillas, el caso del valor del azúcar cubana o de Centroamérica, de la piña de Tailandia o del café de Vietnam. Suficientes problemas se tienen en México para resolver sus retos mirando hacia el Norte.
Es preocupante que se carezca de capacidad negociadora entre los actores de la globalización de los mercados, en el neoliberalismo, que es una realidad mundial. Indudablemente que cualquier esfuerzo que se haga al respecto, no debe ser la guerra de tesorerías la solución ni la competencia por subsidios y salvaguardas, en este ultimo renglón cuando se justifique, debe ser una actitud encaminada a favorecer a los productores por el camino de la planeación de una agricultura complementaria entre países del TLCAN y un verdadero mercado común entre los mismos.
En las actuales condiciones de competencia, con las asimetrías existentes, lamentablemente no se ve ninguna posibilidad de apuesta favorable al campo mexicano. No es una crítica intensa, es un apunte para la reflexión que se debe realizar, el Ejecutivo como cabeza en las negociaciones y el Legislativo en materia de apoyo. En este sentido, sería importante que se conforme un equipo que hable con la verdad y con claridad en materia de planeación, representación y lucha. Las herramientas que se construyan desde el H. Congreso de la Unión en materia de defensa de los productores del campo, deben respetarse por el Ejecutivo Federal. Algunas de ellas, aprobadas por unanimidad, han sido canceladas, lo que provoca un malestar creciente de todos los legisladores del H. Congreso de la Unión. Si se rompe la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo en esta materia, se complicará más la relación en perjuicio de los actores fundamentales, que son los productores del sector primario.
La reflexión sería que, fuera de todo partidismo, los legisladores tuvieran como única meta realizar un análisis de fondo del sector productivo, limpiar de toda corrupción la administración pública agropecuaria nacional y formalizar el verdadero marco normativo agropecuario que permita encaminar al país a una verdadera autonomía alimentaria, tomando en cuenta los recursos naturales con que se cuenta, así como los apoyos financieros establecidos para este fin. No se juzgue un plan utópico, porque México es realizable, hay capacidad y vocación, lo que falta es voluntad y servicio.
