Es la obligación de todo gobernante asegurar el cabal cumplimiento del marco legal; que el Estado de Derecho sea mucho más que un referente teórico y que se den las condiciones para asegurar la viabilidad de toda una comunidad en el camino, cada vez más complicado, competitivo y exigente, del progreso y desarrollo.
Es también su obligación, el ponderar en todas y cada una de las decisiones el bienestar de sus gobernados. Para ello es requisito indispensable disponer por igual de habilidades administrativas, políticas y de sensibilidad social.
El contrapeso natural a las facultades legales de la autoridad lo constituye el derecho y obligación de los ciudadanos de exigir a sus gobernantes, que no son otra cosa que servidores públicos, el solucionar los problemas emergentes de tal manera en que se privilegie el bien general sobre el interés particular.
Hoy, los empresarios aglutinados en el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, demandan al alcalde Guillermo Anaya que asegure en los hechos un clima propicio para las inversiones. Que garantice más allá de cualquier interpretación, que en Torreón se vive el imperio de la Ley y que por lo tanto los bloqueos y manifestaciones que vulneren el orden público, simplemente no sean tolerados.
Queda entonces en manos de la autoridad municipal comprender el reclamo de los empresarios, hacer valer la Ley, pero sin olvidar jamás que el poder de negociación y la capacidad para dirimir conflictos por la vía del diálogo, del convencimiento, hacen la diferencia entre una autoridad y un verdadero gobernante.
