El atentado dirigido en contra del gobernador de Oaxaca José Murat, se suma al clima de turbulencia en el que transcurre la vida pública en nuestro país. Lo anterior con mayor razón en virtud del perfil del funcionario que suele ofrecer facetas oscuras y de que la entidad que gobierna se encuentra inmersa en una fase previa al proceso que renovará poderes locales y ayuntamientos.
Las declaraciones que hace el propio Procurador del estado revelan que el Gobierno de Murat considera sospechosos a múltiples protagonistas de la política local, desde un importante sector de su propio partido, hasta el espectro total de la oposición. Lo anterior se ve agravado por el hecho de que como parte de las investigaciones del atentado, se haya ejecutado un cateo en las oficinas de una organización cívica opositora.
La actitud del Gobierno ha propiciado que una coalición de partidos de oposición: PAN, PRD y Convergencia pidan una línea de investigación sobre la hipótesis del autoatentado. Lo anterior en términos de una declaración formal hecha a los medios de comunicación por el candidato de dicha coalición y alcalde de la Ciudad de Oaxaca Gabino Cué, ex priista que hizo carrera a la sombra de quien fuera secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco.
Sea cual fuere el origen del atentado es condenable y dadas las condiciones de confusión en que se produce, deviene obligado que la Procuraduría General de la República tome cartas en el asunto. Se trata de un hecho en torno de un personaje político altamente cuestionado y por ello, resulta indispensable dotar de certidumbre a una investigación que inicia en un entorno de falta de credibilidad y desconfianza radicales.
