Los cuestionamientos sobre la calidad del combustible que se expende en algunas gasolineras de la localidad, exigen de las autoridades de la Secretaría de Economía una respuesta a satisfacción de la ciudadanía. Lo anterior porque según las quejas de algunos usuarios, se expende gasolina contaminada o adulterada que causa daños en los sistemas de carburación o inyección de los vehículos.
La interpelación hecha a los expendedores ha encontrado como respuesta una excusa, porque señalan como culpable al sistema de distribución de la paraestatal Petróleos Mexicanos, con lo que pretenden transferir la responsabilidad. Lo anterior desde luego no es suficiente porque no satisface a los usuarios y por otra parte, los expendedores al menudeo son responsables de analizar las condiciones de calidad que presente el combustible que reciben para su venta.
En todo caso el perjudicado es el público consumidor, que de tiempo atrás ha padecido los rigores de un monopolio productor, industrializador y comercializador de los combustibles. Esa condición deja a los usuarios a merced de la burocracia gubernamental y sindical que disfruta la empresa pública que ostenta el monopolio, en nombre de todos los mexicanos bajo el lema “el petróleo es nuestro”.
Por ello es obligación de la Secretaría de Economía el tomar cartas en el asunto, al través del Instituto o de la Procuraduría Federal del Consumidor. Existe una demanda ciudadana que exige a nuestras autoridades poner fin a los vicios ancestrales respecto de los precios, calidad y vigilancia de la equidad en las medidas, con las que Pemex surte las gasolinas al través de su sistema de distribución.
