Hace unos días circuló la noticia de que los diputados federales que componen la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estaban dispuestos a aprobar la instalación de casinos en las principales ciudades, puertos fronterizos y lugares turísticos del país. Si ese apoyo se otorga a la propuesta formulada por el Gobierno Federal, que sin duda es también respaldada por los legisladores del PAN, no habrá ningún obstáculo para reformar la Ley y alcanzar el objetivo citado.
De acuerdo con el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Eduardo Espinosa, “la regulación del juego siempre se ha perdido en discusiones de moral pública. La visión moral debe ser rebasada y centrar la discusión en lo económico, lo político y lo social”, lo que implícitamente significa que la moral pública sale sobrando cuando se trata de alcanzar propósitos económicos.
Con ese razonamiento y la justificación de que, según el propio Espinosa, los índices de criminalidad desminuyen en aquellas ciudades en las que se permite el juego, el legislador sustenta el eventual apoyo que el partido del sol azteca dará a las reformas que posibilitarán la instalación de casinos en nuestro país. Pero omite señalar que si bien cierto tipo de delincuencia disminuye en los sitios en que operan centros de juego, eso obedece a que las grandes mafias se apoderan de ellos y son las que controlan la droga y la prostitución que vienen con los juegos de azar.
Extraña posición la adoptada por el PRD en este delicado asunto y endebles las razones que se dan para abrir las puertas a los grandes consorcios que operan los casinos del mundo, cuando se ha manifestado siempre como un defensor de la soberanía nacional y la salud pública. Aunque es factible suponer que si esos consorcios están dispuestos a invertir miles de millones de dólares, ningún problema representa destinar algunos más para comprar las conciencias de quienes no tienen reparo en exponer a la ciudadanía al vicio y la corrupción sin control.
