La falta de acuerdos y consensos en la República Mexicana se da entre poderes y al interior de los mismos. Prueba de esto último es el marcado rezago legislativo que presenta al finalizar el periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión.
Como El Siglo de Torreón lo informó en su edición de ayer, la Cámara de Diputados produjo 62 reformas legales y nuevas leyes, mientras que el Senado de la República 36. No obstante, de estos 98 dictámenes impulsados, tan sólo 30 tendrán validez.
Cada una de las asambleas parece tener su agenda, diferente entre sí y lejanas ambas a las necesidades del país. Lo anterior queda en evidencia al observar que una gran cantidad de los dictámenes emitidos por la Cámara Baja fueron relegados por la Alta y viceversa. Es decir, cada uno de los parlamentos posee sus criterios para medir la importancia de los asuntos a legislar.
Como ejemplos cabe citar la modificación al artículo 122 constitucional; la determinación de otorgar recompensas a quien dé informes reales sobre secuestros; la dotación de facultades a las policías estatales para la investigación del ?narcomenudeo? y la reforma al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex). Cada uno de estos dictámenes fue aprobado por una de las asambleas y ?congelado? al momento de llegar a la otra.
Este balance, negativo de por sí, se enturbia si recordamos el entrampamiento en el paquete presupuestal para 2005 ?sobre todo en lo que respecta a la estimación del precio de barril de petróleo? proyecto que, por cierto, mantiene en enfrentamiento a los Tres Poderes de la Unión y que será objeto a partir de hoy de un proceso de controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Irrita sobremanera a la ciudadanía que frente a este evidente rezago, los legisladores sí puedan ponerse de acuerdo para aprobar un ?bono especial? de 60 mil pesos, el cual, sumado a otras prerrogativas, les dará un total de 253 mil pesos en percepciones tan sólo en el mes de diciembre.
