En lo que constituye una versión muy tropicalizada de lo que debe ser la transparencia en los manejos del quehacer público, el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jorge Viesca Martínez, impone hoy una serie de candados sobre la información referente al Distribuidor Vial Revolución.
Manipulación, desinformación, datos parciales y hermetismo en cuestiones fundamentales sobre una obra que importa a todos los laguneros, marcan la pauta de cómo se manejan las cosas en la dependencia estatal.
Al hecho de que Viesca Martínez “compareciera” ante diputados locales en un restaurante, a puerta cerrada y sin que la información ahí ventilada trascendiera a los medios de comunicación, hay que agregar la manipulación de datos con el sector empresarial lagunero.
Por lo pronto, la empresa ACOLSA realiza una suerte de peritaje de las condiciones fisico-químicas de los materiales utilizados para la construcción del DVR, lo que no tendría mayor relevancia, salvo por el hecho de que esta misma empresa fue la que ejecutó la obra. Además, el estudio se realiza en apoyo a una eventual tercería, de lo que ni empresarios ni legisladores tenían idea.
Otro detalle interesante es que el mismo funcionario asegura que los trabajos actuales en el Distribuidor responden a un compromiso asumido por el Gobierno del Estado con empresarios laguneros y que fue expresado en ocho puntos específicos. Bien, salvo por el hecho de que Roberto Rodríguez, presidente del CLIP, afirma que no sabía nada de los mentados ocho puntos.
El Municipio, fiel al amplísimo aval otorgado a la autoridad estatal en este asunto, prefiere mantenerse al margen.
Los laguneros quedan entonces a expensas de lo que diga y haga el funcionario estatal, que a juzgar por lo que ha sucedido en los últimos días, no ofrece ninguna garantía sobre el principal reclamo de los laguneros: certidumbre de que la obra no adolezca de problemas funcionales o estructurales.
Queda lamentar el cómo entienden en Obras Públicas del Gobierno del Estado, el legítimo e incuestionable derecho de los ciudadanos a estar objetiva, veraz, satisfactoria y oportunamente informados.
