Es evidente que la credibilidad en los partidos políticos, que siempre ha sido relativa, entró en los últimos tiempos en una severa crisis en razón de los actos de corrupción, los escándalos y las luchas intestinas que revelan los intereses personalistas o de grupos por encima de los de la comunidad y aún los que corresponden a los propios partidos, pues poco tiene qué ver el actuar de quienes los integran con los principios y propósitos doctrinales de esas instituciones.
En este contexto cobran especial relevancia las propuestas de Reforma Electoral, pues tanto la enviada por el presidente Vicente Fox, como la presentada por algunos senadores y diputados, apuntan a la insoslayable necesidad de que se impongan mayores exigencias a los partidos, se reduzcan los tiempos de campaña, se regulen las precampañas y se trasparente el uso de los recursos públicos, además de reducirlos.
Lo que lastima al pueblo y afecta seriamente la credibilidad y confiabilidad de los partidos es el uso incorrecto o ilegal de los recursos públicos que se les entrega vía financiamiento, además de la creencia generalizada de que en algunos casos esos institutos políticos son utilizados como empresas privadas cínicamente usufructuadas por unas cuantas personas o grupos familiares, todo lo cual conduce a un desprestigio del sistema imperante.
Por todo ello, es urgente que se realicen las reformas que se consideren necesarias para fortalecer el sistema de partidos, poniendo especial atención en la forma de obtención y utilización de los recursos de manera que su manejo se realice escrupulosamente; se les obligue a ser más transparentes a fin de evitar hasta donde ello sea posible el que se den nuevos casos de presunta corrupción, pues son éstos los que causan una gran indignación entre los electores y acarrean mayor desprestigio a los partidos.
