La aprehensión de Miguel Nazar Haro y su consignación ante un juez penal con motivo de la investigación sobre los movimientos sociales y políticos del pasado, constituye un acto sin precedentes en nuestro país. El personaje se desempeñó como jefe de la Dirección Federal de Seguridad en la década de los setenta y se le señala como responsable de la persecución en contra de grupos guerrilleros.
Es cierto que tales grupos se colocaron de manera voluntaria al margen de la Ley y optaron por la vía armada para acceder al poder, lo que los convirtió con razón en objetivo de las fuerzas policíacas del Estado. Sin embargo ello no justifica que hayan sido perseguidos con dispensa de procedimiento legal, porque todo régimen de Derecho debe ofrecer la garantía de un juicio justo aun al peor de los criminales.
Razonar en sentido contrario atenta contra la sociedad política organizada, viola las reglas elementales de convivencia y erige la Ley de la selva como norma de vida pública, lo que desde luego no es admisible. Por otra parte la represión al margen de la Ley alienta una dinámica de confrontación en espiral entre poder público y gobernados, atento al principio según el cual violencia genera violencia.
El castigo a los crímenes de Estado cometidos en nombre de una estabilidad política que el régimen autoritario de partido único era incapaz de ofrecer a la buena, es asignatura pendiente. Su prosecución debe ir acompañada de la consolidación de nuestro sistema democrático, a fin de que en el futuro se cancele toda excusa a la búsqueda del poder, por medio de la conspiración o la violencia.
