El nuestro es un país en el que las instituciones suelen ser sobrepasadas por el actuar de gobernantes y gobernados; es frecuente que las instituciones sean letra muerta en nuestras leyes y prevalezcan por encima de ellas las llamadas “normas no escritas”. Como resultado somos presa histórica de la inseguridad jurídica, lo que plantea un grave reto para la viabilidad de nuestro futuro como Estado y Nación.
Lo anterior viene a cuento en relación con las últimas entregas de la novela de los videoescándalos que acude nuestra vida pública y que en especial afecta al Gobierno del Distrito Federal y al Partido de la Revolución Democrática. Tocante al tema, Andrés Manuel López Obrador arremete contra la Secretaría de Hacienda, acusando a dicha entidad de fraguar un complot en contra suya y del PRD.
El Jefe de Gobierno se queja de que Hacienda haya solicitado información respecto al ex secretario de Finanzas de la Ciudad de México por conductos internacionales. La investigación de quien fuera subalterno de López Obrador y hoy es prófugo de la justicia, es presentada por Andrés Manuel ante los medios de comunicación como si fuera un crimen, lo que no tiene sentido porque los funcionarios públicos deben estar sujetos a ese tipo de indagaciones.
Por si fuera poco, López Obrador pide ventilar el caso en forma directa y personal con el Presidente de la República, como si no existieran órganos creados para investigar y castigar los delitos. Lo más curioso es que esta idea que evoca tiempos pasados, de tratar un asunto público al margen de las instituciones como si fuera cosa entre particulares, implica la amenaza de todo un partido político, el PRD, de ausentarse del diálogo político nacional, lo que resulta incomprensible.
