El sistema de impartición de justicia en nuestro país se encuentra en punto de quiebra: prevalece la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, la percepción de inseguridad va en aumento y las cifras duras sobre el número de delitos que se cometen cada día a lo largo y ancho del territorio nacional, confrontado con el número de infractores que terminan tras las rejas, refieren con crudeza que sigue imperando la impunidad.
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recorren el país recabando propuestas de reformas y reconocen la altísima preocupación que existe sobre la funcionalidad del modelo actual.
El reclamo sobre las deficiencias en esta materia es tan contundente, que el propio presidente del tribunal federal, Mariano Azuela Huitrón, señala que se han recibido cuatro mil 400 propuestas de reforma y que “son iniciativas clarísimas de la preocupación que existe por que se tenga un sistema de impartición de justicia del Estado mexicano, que verdaderamente responda a las expectativas”.
Dos mil 49 propuestas de reforma fueron presentadas por el sector privado, es decir, ciudadanos y abogados independientes; mil 526 proyectos más fueron elaborados desde el sector público y 510 desde el ámbito académico.
Jueces, empresarios, abogados y representantes de asociaciones, en prácticamente todo el país, entienden como necesarios, cambios en materia de justicia Penal, Constitucional, Ley de Amparo, Fiscal, Civil, Mercantil y Laboral. En suma, se requieren reformas a fondo en literalmente todo el sistema mexicano de impartición de justicia.
Sólo resta esperar que de estas propuestas derive una reforma profunda y realista para que en los hechos se eliminen los graves rezagos que México padece en esta materia.
