No obstante que uno de los aspectos que más publicita el Gobierno Federal es el relativo a la transparencia con que supuestamente maneja las finanzas públicas, de acuerdo con el índice de Transparencia Presupuestaria de América Latina (ITP), nuestro país reprobó las evaluaciones que esta organización realizó a diversas empresas paraestatales entre las que sobresalen Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
En el caso específico de Pemex ese resultado que fue del cincuenta punto cuatro por ciento sobre cien, resulta paradójico y hasta contradictorio, pues en razón de la forma en que el presidente Vicente Fox calificó a esa paraestatal llamándola “la caja chica” del Gobierno Federal y del Partido Revolucionario Institucional, así como de las denuncias penales que se presentaron al principio de la administración por manejos supuestamente ilegales, Pemex debería ser la empresa más trasparente de la administración pública federal.
Sin embargo, de acuerdo con los resultados dados a conocer por ITP, no es así, lo que hace suponer que el Gobierno foxista poco ha hecho en esas áreas para transparentar el manejo de los recursos públicos, lo que sólo puede interpretarse de dos maneras: Una, que el Gobierno es ineficiente e incapaz de establecer sistemas que trasparenten las finanzas de Pemex o dos, que le conviene que las cosas sigan como antes, porque ahora la nueva administración es la beneficiaria de esas formas irregulares de operar.
Si el Gobierno de Fox tuviera un ápice de sensibilidad política, en razón de esa calificación reprobatoria, estaría ya buscando la forma de corregir errores o formas indebidas en el manejo de la información a fin de ajustarse a la normatividad de estos organismos internacionales. Pero si en tres años de la actual administración no lo han hecho de propia determinación, menos lo harán ahora en que el tiempo se agota, lo que indica que los acusadores de ayer pueden ser los acusados de mañana.
