Cuando los principales actores de la escena política de un país son incapaces de velar por la seguridad del bosque en su conjunto, ya que lo único que les preocupa es el bienestar del árbol propio, se abren las puertas a la confrontación y se pone en riesgo lo más por asegurar lo menos.
El sistema de seguridad social en México está en crisis. Tanto el IMSS como el ISSSTE se encuentran en situación límite, ahogados por sus pasivos y una pesada carga que constituye el actual Régimen de Pensiones y Jubilaciones, que los coloca incluso en una coyuntura que atenta contra su permanencia en el futuro cercano.
El modelo simplemente ya no es viable y eso lo saben a la perfección los derechohabientes, aquellos que deberían tener acceso a un sistema de salud eficiente y de calidad, pero que se enfrentan en cambio a la falta de medicamentos, sobresaturación en las consultas, instalaciones rebasadas y equipos obsoletos; en suma, a un servicio deficiente que no podrá cambiar mientras el grueso de los recursos de los que disponen en los institutos, se destina a pagar sueldos, pensiones y jubilaciones de esa clase privilegiada que son los empleados sindicalizados.
Por lo pronto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría (con los votos de priistas, panistas y un perredista) un dictamen que reformaría la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la finalidad de crear un fondo económico con las cuotas de sus trabajadores y poder así, costear futuras jubilaciones.
Para el secretario de Gobernación, Santiago Creel, si el Congreso aprueba la iniciativa de reformas al IMSS, le hará un bien a México y por lo tanto, se hará cumplir como Ley, como advertencia a los que hoy se oponen a cualquier cambio en la legislación vigente.
Y es que el asunto amenaza con derivar en un serio conflicto social, toda vez que organizaciones obreras y campesinas conformaron un frente para manifestarse a través de movilizaciones, en contra de la Reforma Laboral y las modificaciones a los Sistemas de Jubilaciones y Pensiones.
El problema es de tal magnitud que no admite juegos de interpretación: aquellos que hoy intenten privilegiar sus intereses políticos, sobre las necesidades de la población ante un sistema de seguridad social en crisis, estarían atentando contra la salud de los mexicanos, sobre todo aquellos de escasos recursos que no tienen otra opción que el IMSS o ISSSTE.
