“La gente no busca razones para hacer lo que quiere: busca excusas”.
W. Somerset Maugham
Siempre hay un pretexto para no hacer lo que uno no desea hacer. Pero cuando un político anuncia que no está dispuesto a negociar es tanto como si dijera que quiere abandonar su profesión. La política es, después de todo, el arte de negociar acuerdos para el bien común. Todos pensamos distinto. La única razón por la que necesitamos a los políticos es para que éstos lleguen a acuerdos que permitan que el país avance pese a las diferencias entre los ciudadanos. Si los políticos se niegan a negociar, más les vale dedicarse a otra cosa.
En estos tiempos en que la vieja “presidencia imperial” descrita por Enrique Krauze ha desaparecido, los políticos se precian de anunciar a los cuatro vientos el abandono de su responsabilidad fundamental. Así, en los últimos meses hemos escuchado constantes explicaciones tanto del PRD como del PRI de porqué están suspendiendo las negociaciones con el Gobierno.
El PRD suspendió el diálogo en protesta por el supuesto complot del Gobierno Federal en contra de Andrés Manuel López Obrador. La ambigüedad de la primera dama, Marta Sahagún de Fox, sobre una posible candidatura presidencial sirvió más tarde como excusa tanto para el PRI como al PRD. Pero el mismo día en que Marta anunció que no buscaría la Presidencia, el PRI ya había encontrado un nuevo pretexto. David Penchyna, secretario técnico del Consejo Político Nacional, señaló este 12 de julio: “El PRI en su conjunto [.] deberá evaluar el diálogo y la negociación con el Jefe del Ejecutivo federal en tanto se mantengan vigentes las acciones penales en contra de autoridades civiles y militares implicadas en la persecución de guerrilleros de los años setenta”.
Podría uno tratar de explicarle a los priistas que la Procuraduría General de Justicia no está investigando a las autoridades implicadas en la Guerra Sucia porque el Presidente quiera sino porque lo ordenó la Suprema Corte de Justicia. Pero la verdad es que de poco serviría porque los priistas simplemente están buscando excusas para no negociar.
Es verdad que hay razones para cuestionar las acciones legales que se han llevado a cabo hasta ahora en contra de los presuntos responsables de acciones ilícitas durante la Guerra Sucia. Tanto Miguel Nazar Haro como Luis de la Barreda Moreno, quienes tienen órdenes de aprehensión en su contra, recibieron amparos de dos jueces distintos. El magistrado quinto de distrito en materia penal con sede en Monterrey, Jesús Fraustro Macareno, señaló que el juez instructor debe descartar los testimonios de oídas del expediente de Nazar Haro.
Y esto es algo indispensable si se quiere mantener un Estado de Derecho. Mientras tanto, el magistrado quinto de distrito penal con sede en el D.F., Pablo Antonio Ibarra Fernández, determinó que el juez aceptó en su orden de aprehensión una acusación equivocada: debió haber sido por privación ilegal de la libertad y no por secuestro.
Hay una exigencia de la sociedad de no aceptar la impunidad, ni en estos casos ni en ningún otro. Pero es indispensable que realmente se compruebe la responsabilidad de los presuntos involucrados en cada acusación. De otra manera estaríamos simplemente recurriendo a un linchamiento.
En el caso de Luis Echeverría, que es el que ha molestado al Consejo Político Nacional del PRI, habrá también enormes dificultades legales. El primer gran reto será demostrar su responsabilidad personal en las matanzas de Tlatelolco en 1968 y San Cosme en 1971. Por otra parte, los cargos de homicidio o de abuso de autoridad que se le pudieran presentar han prescrito. Cambiar estas acusaciones por una de genocidio implicaría manipular el sentido fundamental del término: genocidio es la realización de homicidios con la intención de acabar con un pueblo, grupo étnico o religioso. El delito de genocidio, por otra parte, se legisló en nuestro país en 2002 y no puede aplicarse de manera retroactiva.
Es importante, sin embargo, que los procesos se lleven a cabo. Deben ser los tribunales los que determinen la inocencia o culpabilidad de los presuntos responsables. Lo que está buscando el PRI, la exoneración a priori por el Presidente de todos los presuntos responsables de crímenes en la Guerra Sucia, es simplemente ilegal. Y utilizar esta excusa para interrumpir de nuevo las negociaciones para construir un país más próspero es una acción carente de toda ética política o social.
Superávit
Gracias al Tratado de Libre Comercio, México sigue registrando un superávit comercial con Estados Unidos. El año pasado fue de 40,616 millones de dólares. Entre enero y mayo de este 2004 ya era de 17,392 millones de dólares. En todo este año México seguramente logrará un superávit de unos 44 mil millones de dólares.
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