Nuevo caso de corrupción y anomalías registradas en la Dirección de Averiguaciones Previas (DAP) fue denunciado ayer ante El Siglo de Durango por Juan Ramón Padilla Burciaga, quien aseguró y mostró documentos para probar que fue víctima de las irregularidades que cometen dolosamente los agentes del Ministerio Público.
Luego de que esta casa editorial hizo pública la denuncia ciudadana de José Luis Gallegos Chávez, quien se quejó de la serie de tropelías en que incurren los agentes investigadores en perjuicio de las víctimas de delitos, Juan Ramón Padilla decidió acudir a las instalaciones de El Siglo de Durango para hacer público su caso, muy similar al del anterior denunciante, cuya circunstancia se ventiló en la edición del pasado viernes 18 de junio.
Padilla Burciaga fue denunciado por Martín Ramírez Carreón por la supuesta comisión de diversos delitos graves ante la Procuraduría General de Justicia del Estado; sin embargo, compareció, probó su inocencia y solicitó el ejercicio de la acción penal en contra de su denunciante, al señalar que lo difamó, calumnió y le causó daños y perjuicios.
HISTORIA
El 18 de junio de 2003 Juan Ramón presentó su denuncia ante la Mesa 11 del Ministerio Público, atendida por la agente Érika Rossana Velázquez Castillo.
?De inmediato me pidió 30 mil pesos a cambio de integrar mi averiguación, a cambio de defenderme; de lo contrario, me advirtió la agente, no iba a tomar en cuenta mi caso. Y lo cumplió?, dijo Padilla al reportero de este diario, luego de reconocer que la corrupción de los agentes del MP es una práctica común, pero difícil de comprobar.
El ciudadano acudió a las instalaciones de este diario para inconformarse del proteccionismo y el blindaje que reciben los agentes corruptos dentro de la propia Procuraduría, pues señaló que ni en Asuntos Internos de la PGJ, ni con el Procurador, ni en la Secretaría General de Gobierno le han hecho caso a su reclamo.
Dijo que desde la interposición de su denuncia contra Martín Ramírez, la agente del MP Érika Velázquez mostró desinterés e inactividad dolosa, situación que siguió así durante seis meses, hasta el mes de noviembre de 2003, cuando Padilla acudió y recibió el amparo de la justicia federal por la apatía de la Ministerio Público de referencia. Aún así, nada ha hecho la funcionaria policiaca.
Juan Ramón aseguró que su queja contra la agente del MP Velázquez Castillo no es la única, sino que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos existe un expediente completo en contra de ella, con casi una decena de denuncias, cuatro de las cuales han ameritado un oficio de recomendación por parte de la instancia ombusdman local. Sin embargo, ella sigue ahí sin recibir una sanción severa de sus superiores.
Dentro de la peregrinación que ha tenido que hacer Padilla Burciaga para exigir justicia, señala que fue a Asuntos Internos de la PGJ y no lo atendieron; se entrevistó con el hoy Procurador Oliverio Reza (entonces Subprocurador) y nada logró; fue con el secretario General de Gobierno, José Miguel Castro Carrillo, y la respuesta fue que no podía intervenir en la vida interna de la Procuraduría. Luego acudió a la CEDH, y sus observaciones no fueron severas, pero tampoco atendidas por la corporación.
El quejoso afirmó que la averiguación correspondiente a su denuncia (la 0593/2003) debe ser integrada de inmediato por la DAP, porque es una orden que dio el juez segundo de Distrito en el Estado, Esteban Álvarez Troncoso, mediante el amparo 1117/2003.
Sin embargo, consideró injusto que si no se entrega una partida irregular a los agentes, si no se les corrompe como ellos lo exigen, éstos no hacen nada y se atreven a desafiar a autoridades superiores incluso.
Del jueves 17 al sábado 19 de junio, éste es el segundo caso de corrupción que recaba El Siglo de Durango en contra de la agente del Ministerio Público Érika Rossana Velázquez Castillo, y que en general refleja las irregularidades que cometen quienes tienen la representación social para defender a las víctimas de delitos.
En la edición del pasado viernes 18 de junio, El Siglo de Durango dio cuenta del caso que denunció José Luis Gallegos Chávez, una persona que denunció haber sido víctima de varios delitos, y que sin embargo, ninguna respuesta encontró en las autoridades. Por el contrario, al igual que en este caso de Juan Ramón Padilla Burciaga, sus pruebas fueron desaparecidas, su expediente congelado y su reclamo olvidado.
