Sustitución ilegal de la voluntad popular
Desde la administración de Salinas de Gortari (1988-94), en México se inició un proceso de transformaciones en derredor de la privatización de los negocios públicos y la apertura de la economía mexicana, incluyendo su integración a la zona de libre de comercio de Norteamérica, que contó con la colaboración incondicional de Acción Nacional por coincidir doctrinalmente con la esencia de tales iniciativas y a diferencia de otros tiempos en que su fuerza oposicionista era el resultado de la posición parasitaria de los beneficios, recogidos a la sombra del poder gubernamental, ahora su colaboración no sólo implicaba la negociación de sus reivindicaciones históricas, sino también la recuperación gradual del poder.
El centro de gravedad de todas estas transformaciones que incluyó el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, el derribo de las cercas del ejido en propiedad de la nación, con el señuelo de que los ejidatarios podrían asociarse libremente con particulares y comprometer sus posesiones en garantía de la obtención de créditos particulares y la concesión de la autonomía al Banco de México en la función de decidir a su arbitrio la cantidad de dinero disponible y el costo del crédito; se dio en el marco del ofrecimiento de Salinas de dar por terminada la etapa del partido único en México y de completar la reforma política del Estado, al lado de la coyuntura en que la tecnocracia dispuso de los mecanismos tradicionales de participación y control político para arribar autoritariamente al poder y valiéndose de las organizaciones del régimen procedió a reestructurar la economía en su propio beneficio con el apoyo del PAN, para condenar al bloque mayoritario de clases dominantes a su indefensión política y acentuar el proceso de concentración de la riqueza a favor del capital financiero.
En medio del ambiente en que se llevó a cabo la reforma política del Estado, durante el Gobierno de Zedillo y lo que va de la administración de Fox los cambios no se han traducido en una desaparición de los conflictos sociales. Por el contrario, ahora es mucho más sensible que los mecanismos del Estado son utilizados para someter a todas las fuerzas políticas y continuar con la reestructuración.
Incluso, el proyecto del cambio de Vicente Fox constituyó una leve esperanza, aunque acentuada más por el tono de la voz que por coherencia de las ideas y lo único novedoso es la iniciativa de la transparencia y la rendición de cuentas. Pero la concepción del Estado de Derecho, en lugar de ser conjugada por Fox con la rendición de cuentas y someter la acción de todo agente público al contenido de una Ley existente con anterioridad, en manos del Fox ésta se convierte en otro factor de imposición y amenaza para someter la inconformidad popular resultante de la continuidad y el incumplimiento de las promesas de campaña.
Tras el fiasco del cambio prometido y la sorpresa popular de encontrarse bajo el mando de un Gobierno, cuya legitimidad y simpatías populares derivaron del engaño de las promesas de campaña, los compromisos adquiridos por Vicente Fox se enfilan hacia el mismo sistema del mercado libre y la competencia, con el propósito de desmantelar los contratos colectivos de trabajo reservados constitucionalmente al poder de negociación de los sindicatos y las empresas. Pero vuelve sus piezas de ataque a la vieja triquiñuela de la necesidad utilizada por el PRI y sus aliados como Roberto Hernández (Banamex), cuando escondían tras la advertencia de que el país sufriera grandes calamidades, como una devaluación, de triunfar Cuauhtémoc Cárdenas frente a Ernesto Zedillo en aquellas elecciones, para justificar del mismo modo ahora, las Reformas al Sistema de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En efecto, Vicente Fox ha pasado de un ambiente institucional de efervescencia e inestabilidad persecutoria a otra coyuntura, a la que ha añadido el interés por desprestigiar la labor de los trabajadores del IMSS basado en verdades a medias, para alentar la fe ciudadana y justificar las imposiciones. En este esfuerzo por modificar el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, la iniciativa de Vicente Fox (PAN) encontró el apoyo de Roberto Madrazo (PRI), quien se sumó a la pervertida labor de zapa realizada por el Gobierno, comparando la situación desigual en que se jubila un trabajador cualquiera con otro del IMSS y atribuyendo la deficiente situación financiera del organismo a los trabajadores. Cuando en realidad, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado como causas de la falta de suministro de medicamentos las compras a destiempo y a precios más gravosas para la institución y deliberadamente se ha soslayado que el actual fondo de jubilaciones y pensiones tiene 60 mil millones de dólares, al 30 de junio de 2004.
Lo contrario al sentido común de cualquier democracia, se encuentra en que emboscado en la reforma aprobada por la mayoría legislativa del PRI y del PAN, el cuerpo legislativo no ha cuestionado el paradero ni la administración del ahorro para el retiro de los trabajadores, que entró en vigor desde 1992 como un regalo de Salinas a Bancomer y que desde 1997 este sistema del ahorro para el retiro (SAR) fue sustituido por la Administración de Fondos para el Retiro de los mismos trabajadores (Afore) en cuentas individualizadas, formadas con la aportación de una cuota tripartita de parte del trabajador, la empresa y el Gobierno, sin entrar en los detalles del desentendimiento del actual Gobierno de sus obligaciones, comparada con la injusta carga fiscal de la conversión de los pasivos de la banca privatizada, que los mexicanos dejan de recibir en servicios y obras públicos.
Sin embargo, detrás de estas circunstancias que ponen en tela de duda la argumentación de que el IMSS se encuentra en quiebra y que en lo sucesivo al no disponerse del fondo de operación para liquidar las pensiones y jubilaciones de sus empleados, encubre el inicio del desmantelamiento de todos los contratos colectivos de trabajo, disponiendo del mecanismo más bajo y pueril como el de encomendar Legislativo la facultad -contraria a la Constitución- de legislar sobre las condiciones generales del trabajo contenidas en los contratos colectivos, encomendados exclusivamente para su definición a los sindicatos y a las empresas. Esto nos da una idea de la incoherencia de la rendición de cuentas y el carácter personal de las decisiones legislativas que sustituyen la voluntad popular, colocando despóticamente al Estado sin someter la acción pública a ninguna norma.
