En caso de ser encontrados culpables, preventivos municipales y agentes estatales serán consignados a la PGR.
Y EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Son ocho y no seis los agentes de la Policía Ministerial suspendidos y a disposición de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado para su investigación, en relación a la presunta protección que daban a los comerciantes de drogas en esa localidad, informó Gerardo Antonio Pérez Pérez, titular de la dependencia en mención.
Con los rostros desencajados, uno a uno de los elementos ministeriales recibieron la noticia personalmente del contralor interno, Jaime Martínez, de su suspensión sin goce de sueldo, además que serían sujetos a investigación con los procedimientos administrativos que ya se les iniciaron.
Cuestionado sobre la razón por la que no se les puso a disposición del Ministerio Público de la Federación, respondió que se trata de razones de orden legal, pues en las fotografías muestran los momentos que a bordo de las unidades oficiales, los tripulantes reciben una dádiva.
De ser así, se trata de cohecho, delito que compete al fuero común, sin embargo, de determinar la Procuraduría General de la República (PGR) que las personas que dieron el soborno, son gente que opera en el “narcomenudeo”, se realizará lo conducente para coadyuvar con las investigaciones, aseguró.
Tan pronto como soliciten información a la PGJE, de inmediato se les remitirá con el objeto que esto ayude para dilucidar responsabilidades, comentó Pérez Pérez.
Repudio
Enterados de la situación por la que atraviesan actualmente ocho agentes de la Policía Ministerial, sus compañeros externaron su repudio al hecho de que protegían a “puchadores”, pues esto daña la imagen de la corporación y de la propia Procuraduría.
Varios elementos ministeriales que solicitaron su anonimato, manifestaron que si se les comprueba su responsabilidad, que los metan a la cárcel, pues no se vale que aprovechando sus cargos como servidores públicos, apoyen a los contrarios que tanto mal causan a la sociedad.
Posible consignación
De resultar responsables de los hechos que se les imputa, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y Policía Ministerial, serán consignados a la Procuraduría General de la República (PGR) para que sea en esta dependencia donde se determinen las sanciones a aplicar.
María López Urbina, delegada estatal de la PGR, entrevistada vía telefónica, manifestó que ya se inició una averiguación previa respecto a la presunta protección que brindaban efectivos de las corporaciones en mención, de manera que el Ministerio Público de la Federación agote todas las indagatorias para saber si existe o no responsabilidad.
La funcionaria federal lamentó el hecho que agentes policíacos se vean involucrados en este probable delito de corrupción que causó el escándalo no sólo a nivel regional, sino también nacional, ya que los medios de comunicación del Distrito Federal se enteraron del caso.
López Urbina agregó que es importante que esta situación se dilucide hasta sus últimas consecuencias, pues no se puede permitir que servidores públicas que deben velar por la seguridad de la ciudadanía, se vean señalados como protectores de delincuentes.
Aun y se trate de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la indagatoria debe seguir hasta llegar al meollo del asunto y si en ella caen comandantes o jefes policíacos, pues ni modo, puesto que en la PGR no existe más compromiso que con la ciudadanía, aseveró.
La delegada estatal de la PGR puntualizó que de encontrar responsabilidad en alguno o todos los elementos involucrados, se les aplicará todo el rigor de la Ley de acuerdo a Derecho.
Respecto a las penas que pudieran alcanzar, de resultar culpables, María López Urbina prefirió no tocar el punto opuesto que se lleva al cabo una averiguación y la respuesta en su momento podría afectar en su integración.
Fuerte rumor
Cada vez cobra más fuerza la versión en el medio policíaco que los “Memes” (término con que se identifica a quienes entregan la cuota), pertenecen al grupo de “El Danny”, quien se ha apoderado de la mayor parte del poniente de la ciudad para realizar sus ilícitas actividades de expender droga.
Daniel García, apoyado por su incondicional José Luis Ramírez, “El Guasón”, ha aprovechado que se le dejó de mencionar para adueñarse de todo ese territorio en el que mantenía controladas a las autoridades mediante el pago regular de cuotas.
“Pesquera sigue firme”
Dado que no es responsable en el asunto de los policías presuntamente involucrados con distribuidores de droga al menudeo, Guillermo Anaya descartó la posibilidad de remover a Javier Gutiérrez Pesquera al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
“Él sigue firme en su puesto” y por lo que hace al resto de la corporación, “a los que no podemos juzgar sobre la base de lo que hicieron unos cuantos, se les estimulará económicamente con el programa de mejoramiento en las prestaciones, que se dará a conocer el próximo día 14 durante la celebración del Día del Policía”.
Por lo pronto a todos “se les leyó la cartilla” y la Procuraduría General de la República tiene la instrucción de investigar hasta donde lo considere necesario.
El Presidente Municipal reconoció que lo sucedido al ser señalados públicamente varios elementos de la corporación como protectores de “puchadores” del sector poniente establece la necesidad de cambiar totalmente las estrategias de vigilancia y de operación.
Asegura que no se permitirá que fracasen los esfuerzos realizados para acabar con las “mordidas” en Torreón y sobre todo en estos momentos en que la lucha contra el “narcomenudeo” es frontal y bien encaminada en forma coordinada con las diferentes corporaciones policíacas.
Por lo pronto el operativo Águila conque se apoya a la PGR con 23 elementos asignados especialmente, sigue firme y a los elementos se les continúa capacitando.
