Los principales contrapesos para la defensa de los derechos humanos en lo general y la libertad de expresión en lo particular, a lo largo y a lo ancho del hemisferio, tienen nombre y apellido, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría para la Libertad de Expresión.
Ambas instituciones han jugado un papel de importancia crucial en la promoción y defensa de las libertades informativas en la región en estos años. Santiago Cantón, primero como relator de la libertad de expresión de la CIDH y ahora como secretario ejecutivo de la propia Comisión, así como Eduardo Bertoni, quien como relator ha sabido ganarse el respeto de propios y extraños por su trabajo dedicado y comprometido en el cumplimiento de su mandato, han puesto el tema en la agenda regional. Ambos juristas le han dado un cariz de eficacia y de respuesta a las expectativas de la comunidad en la región.
La aperturista interpretación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los crecientemente sólidos y doctrinales informes anuales de la Relatoría de la Libertad de Expresión son sólo algunos ejemplos de la pertinencia de estas instituciones. El problema, empero, ha empezado con el arribo del ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos. Se trata de un sinsentido donde el Gobierno mexicano no ha estado ausente.
Primero. El Gobierno de Estados Unidos no tenía plena confianza en Rodríguez para fungir como secretario general de la OEA, viendo con simpatía, en cambio, alguna propuesta identificada en El Salvador como exponente centroamericano.
El Gobierno de México en esta tesitura y tomando en cuenta que es uno de los primeros cuatro aportadores al mantenimiento de la OEA hizo todo un trabajo de cabildeo en favor de Rodríguez, lo que finalmente consiguió con más de 70 por ciento de los miembros de la OEA. Así, pudo articular una designación de “consenso”.
Segundo. Para México no es desconocido el nombre de Rodríguez. Cosa de recordar sus vínculos comerciales con algunas expresiones de la familia Hank en negocios ticos cuando aquél despachaba como presidente de Costa Rica. Es por esta razón, que llama la atención que el Gobierno del “cambio” no sólo haya votado en favor de Rodríguez, sino haya puesto a su servicio las labores de promoción informal de la cancillería mexicana. No se sabe bien por qué o a cambio de qué.
La entrada de Rodríguez no pudo ser más desafortunada para México al ser retirada de su cargo la responsable del programa educativo de nacionalidad mexicana en ese organismo multilateral. México no ha sido afecto a pelear o buscar posiciones de poder alguno en ese cuerpo colegiado, pero no debería tampoco ser aliado para defenestrar a los cargos de carrera fuera de la política que hacen su trabajo correctamente.
Tercero. Si bien es verdad que existen problemas en las finanzas de la OEA, también es cierto que casualmente los recortes propuestos por Rodríguez tenían básicamente un destinatario, el programa social del sistema interamericano y la promoción de las libertades informativas.
De ahí, por ejemplo, que Rodríguez intentara sin mayores resultados -por la denuncia de diversas organizaciones sociales del hemisferio- convertir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría de Libertad de Expresión en una dócil y burocrática dirección de derechos humanos de quinto nivel para neutralizar el trabajo que hasta ahora han realizado estas dos instituciones. No pudo finalmente desaparecer ni una ni otra, pero ha colocado un ámbito burocrático intermedio entre la CIDH y la oficina del secretario general de la OEA.
Cuarto. Esto no hubiera pasado en todo caso a mayores ante el fracaso a final de cuentas de la intentona de cercenar las instituciones de promoción de la libertades informativas, si no fuera porque ahora Miguel Ángel Rodríguez se encuentra en el centro del debate, en su natal Costa Rica, por un conocido caso de corrupción donde el ahora impoluto secretario general de la OEA habría recibido cuantiosas cantidades de dinero como soborno de una empresa francesa -se trató de un inocente y por supuesto transparente préstamo de apenas 140 mil dólares, contestó Rodríguez, al justificar que ese dinero era para su campaña por la secretaría de la OEA- de acuerdo al fiscal general de la República de Costa Rica, quien ha dicho que agotará todos los mecanismos legales para que el ex presidente de ese país comparezca ante la justicia tica y, en consecuencia, se separe del cargo para enfrentar las graves acusaciones que pesan sobre el ex presidente.
Las cosas no han podido salirle peor a Miguel Ángel Rodríguez, quien de fiscal del mal o desaprovechado presupuesto de la OEA ha pasado a ser uno de los actores de una trama de corrupción que se localiza en Costa Rica, pero su cuestionamiento abarca al hemisferio en su conjunto.
El candidato de Luis Ernesto Derbez empieza a convertirse en un lastre en menos de un mes al frente de la OEA que requiere muchas cosas, pero de ninguna manera un secretario general acusado de corrupción y enemigo de las libertades informativas y los derechos humanos.
evillanueva99@yahoo.com Investigador del Instituto
de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
