AGENCIAS
CARACAS, VENEZUELA.- Las autoridades policiales y militares venezolanas efectuaron en la madrugada de ayer una serie de redadas y detenciones en búsqueda de cómplices del grupo de paramilitares colombianos desmantelado el domingo en las cercanías de Caracas.
Las fuerzas de seguridad registraron la residencia de la familia del ex presidente Carlos Andrés Pérez, a quien el Gobierno considera instigador de actos subversivos.
Pérez se ha pronunciado públicamente a favor de una salida violenta del presidente Hugo Chávez y la semana pasada pronosticó que en Venezuela “habría muchos muertos” en los próximos días. Los agentes se incautaron de un cargamento de chalecos antibala en la residencia de un mando de la Guardia Nacional, quien fue detenido y sometido a interrogatorios.
Las autoridades intervinieron también una hacienda cercana al lugar donde estaban acantonados los paramilitares, donde supuestamente se encontraban las armas que iban a emplear. También fueron detenidos miembros de la organización Comandos de la Libertad, que las autoridades vincula a actividades subversivas.
La policía intentó registrar la residencia del diputado de la Asamblea Nacional Rafael Marín, pero éste se opuso alegando irregularidades en las órdenes judiciales y su inmunidad parlamentaria.
“Actuaron con la torpeza característica de las dictaduras”, dijo Marín, ex secretario general del partido socialdemócrata Acción Democrática, del que fue expulsado por confrontaciones internas.
Portavoces de la oposición insisten en acusar al Gobierno de utilizar el caso de los paramilitares, al que califican de “montaje”, como excusa para desatar una ola represiva contra sus adversarios políticos.
Este planteamiento se vio reforzado ayer, cuando un tribunal dictó orden de detención contra Henrique Capriles Radonski, dirigente del partido opositor Primero Justicia. Hace algunas semanas una medida similar fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. A Capriles se le responsabiliza de los incidentes que ocurrieron frente a la embajada de Cuba, el 12 de abril de 2002, cuando el presidente Chávez fue brevemente derrocado.
La policía de seguridad del Estado (Disip) indicó ayer que pasan de 25 los allanamientos y de 100 los detenidos en las últimas horas en relación con el grupo de presuntos paramilitares colombianos desmantelado el pasado domingo.
Miguel Rodríguez, director de la Disip, dijo a los periodistas que estas acciones han permitido confirmar la existencia de “un plan de mucha profundidad destinado a provocar una rebelión militar y en ultima instancia eliminar al presidente Hugo Chávez”.
Por su parte, el Gobierno de Venezuela advirtió ayer a los líderes de la oposición que podrían ser objetivos de ataques de sicarios contratados por sectores radicales para desestabilizar el país.
El Ministro del Interior y Justicia, Lucas Rincón, dijo que entre los documentos incautados por la policía en las últimas horas figuran listas de personas que serían objetivos de los sicarios.
El ministro anunció que posiblemente mañana miércoles se divulgarán más detalles de las investigaciones emprendidas a raíz de la desarticulación el domingo de un campamento de presuntos paramilitares colombianos cerca de Caracas.
Rincón precisó que hasta hoy son 88 los colombianos detenidos que vestían uniformes de combate del Ejército venezolano.
