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México, DF.- México deberá aprovechar la “oportunidad histórica irrepetible” que se presentará en las próximas tres décadas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ya que la población dependiente (integrada por niños y ancianos) llegará al mínimo histórico de 45 personas por cada 100 habitantes, lo que se conoce como “bono demográfico”.
De acuerdo con un estudio del Consejo Nacional de Población (Conapo), la edad media de la población de México reflejará un aumento significativo en ese período, ya que pasará de alrededor de 27 años en el año 2000, a 30 años en 2010 y a 38 años en 2030.
Ese proceso se traducirá en una disminución considerable en el tamaño de la población de menores de 15 años, al pasar de 33 millones de personas en el año 2000, a 30 millones en 2010 y a 24 millones en 2030, señala el diagnóstico.
El organismo agrega que durante ese periodo concurrirán las condiciones demográficas más favorables para el desarrollo económico y social en la historia contemporánea del país.
De esa forma, ese proceso de cambio permitirá liberar recursos antes dedicados a atender a una población de menores para mejorar la cobertura y calidad de los servicios, aunque advierte que esa oportunidad puede también diluirse en la medida en que las presiones para atender las demandas del envejecimiento demográfico sean mayores.
Y es que el grupo de adultos mayores (65 años y más) presentará un crecimiento acelerado: si hoy uno de cada veinte mexicanos está en ese grupo de edad, en 2030 será uno de cada ocho y, en perspectiva a más largo plazo, en 2050 uno de cada cuatro habitantes.
Por ello, ese grupo aumentará su tamaño de 4.8 millones en el año 2000, a siete millones en 2010 y a 17 millones en 2030.
El Conapo insiste, no obstante, en que si se aprovecha esa ventana de oportunidad de manera eficiente será posible contribuir a impulsar un círculo virtuoso de más empleos, más ahorro, más inversión y nuevamente más empleos.
Este círculo, señala, “es necesario para generar los recursos que requiere el país con el fin de encarar el legado de rezagos y desigualdades y romper el círculo perverso de privaciones en que se encuentran atrapados millones de mexicanos”.
Apunta que la utilización plena del potencial productivo de la población en edad laboral resultará clave para materializar los beneficios del bono demográfico.
De hecho, “la disponibilidad de una población laboral de mayor tamaño, más saludable y educada y mejor capacitada tendrá sentido si ésta cuenta con las oportunidades laborales más productivas y mejor remuneradas donde pueda volcar sus capacidades y potencialidades productivas”.
El organismo estima que, sin contar los rezagos acumulados, el número anual de empleos que requiere crear la economía mexicana, aunque decreciente, seguirá siendo muy significativo en los próximos tres lustros: del orden de 1.2 millones en el período 2000-2005; de 1.1 millones entre 2005-2010 y de poco menos de un millón entre 2010-2015.
Con esa dimica, dice, la población económicamente activa del país, que hoy representa poco más de 42 millones de trabajadores, ascenderá a 55 millones en 2010 y a 64 millones en 2020.
Además de políticas económicas y laborales orientadas a aprovechar el potencial productivo de la oferta laboral, potenciar la productividad del trabajo y garantizar la disponibilidad de empleos en condiciones bien remuneradas, resulta imprescindible diseñar y poner en marcha políticas adecuadas para potenciar los beneficios derivados de esa ventana de oportunidad transitoria, advierte.
La dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) considera que las políticas públicas dirigidas a mejorar la salud e incrementar la esperanza de vida de la población serán esenciales para brindar a los grupos más vulnerables una poderosa herramienta contra la exclusión social y la reproducción intergeneracional de la pobreza.
“Las políticas que enfaticen su desarrollo educativo, la capacitación laboral y el desarrollo de las capacidades de aprendizaje continuo en la población deberán traducirse en una fuerza de trabajo de mejor calidad”, agrega.
Por ello, adelanta que deberán consolidarse las acciones orientadas a impulsar el avance de la mujer y el mejoramiento de su condición social, a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, a favorecer en ellas una mayor capacidad de decisión, autonomía y libertad en todas las áreas de la vida ciudadana y familiar.
También a fortalecer su autoestima y a aumentar su poder personal y social, lo que es esencial para fomentar relaciones más equitativas entre hombres y mujeres.
Menciona que se deben estimular las políticas dirigidas a apoyar el fortalecimiento de las familias, a fin de contribuir a promover su desarrollo integral, a distribuir o redistribuir recursos y oportunidades y a apoyar las inversiones en capital humano.
Se requiere, además, crear condiciones cada vez más propicias para que los hogares puedan desarrollar de manera más eficaz estrategias tanto de formación y utilización del capital humano, como de acumulación y movilización de activos.
En esencia, concluye el estudio, se necesita transformar la oportunidad en realidad antes de que México comience a experimentar con fuerza el incremento de la población envejecida, pues de no hacerlo, se perderá la oportunidad de sentar las bases para la consolidación de un crecimiento económico sostenido y de un sólido desarrollo humano y social.
