En vísperas de una nueva convención nacional bancaria y poco antes de que se consume la compra del total de acciones de Bancomer por Banco Bilbao Vizcaya-Argentaria (que ni la oposición del gobernador del Banco de México pudo impedir), surge una nueva acusación contra maniobras bancarias que pueden tener como desenlace graves daños y perjuicios para “centenas de miles de familias coahuilenses”.
Se trata de una nueva fase en el añejo conflicto entre Altos Hornos de México, S.A. y sus acreedores bancarios. Surgida como empresa paraestatal en 1942, para estimular la producción siderúrgica, esta acería tuvo suerte diversa a lo largo de los años, pero no perdió nunca su papel central en la economía del norte de Coahuila, Monclova en particular. En la oleada privatizadora del salinismo, fue adquirida por miembros de las familias Autrey y Ancira, que también adquirieron la Cia. Minera Real del Monte y Pachuca. La difícil situación del mercado acerero en todo el mundo y al mismo tiempo la necesidad de modernizar sus instalaciones fueron enfrentadas con endeudamiento sujeto a repetidas reestructuraciones.
Como en tiempos antiguos, sin embargo, se ha vuelto a la práctica bancaria de convertir en asuntos penales los surgidos de la insolvencia mercantil, lo cual puede tener justificación en el caso de pillos redomados, pero no cuando se trata de empresas establecidas cuyos propietarios y consejeros han manifestado, de palabra y de obra, su voluntad de cubrir sus adeudos. Peor es la situación cuando a esa práctica se agrega el fisco, que trata como delitos infracciones administrativas.
En su fase actual, las dificultades de los administradores de AHMSA han sido adoptadas como suyas por la comunidad de trabajo en Monclova, que protesta por las “órdenes de detención contra consejeros y ex consejeros de Altos Hornos de México y sus subsidiarias, por supuestos delitos fiscales ante los cuales el ministerio público federal había dictado en su momento no ejercicio de acción penal”.
Los trabajadores de esas empresas, firmantes de un singular comunicado en defensa de sus empleadores, entienden esa acción judicial “como una presión de funcionarios federales en favor de Citibank-Banamex, BBVA-Bancomer e intereses industriales, que solapadamente y con objetivos nunca manifestados mantienen una campaña de desprestigio hacia Altos Hornos y subsidiarias y de persecución contra sus consejeros algunos de los cuales, incluso, dejaron sus cargos años antes de los ejercicios fiscales objeto de las denuncias”.
AHMSA y sus subsidiarias se encuentran legalmente en suspensión de pagos (como lo está igualmente Steelco, la mayor acerera de Canadá y unas 40 siderúrgicas más en ese país y en Estados Unidos) y procuran arreglos con sus acreedores, a cuya voluntad conciliadora no se suman los bancos mencionados. No obstante tal oposición bancaria, es inminente el acuerdo entre Minera Carbonífera Río Escondido, del grupo de Altos Hornos y quienes tienen créditos a su favor.
En los años 2000 y 2001, empresas del grupo AHMSA difirieron el cumplimiento de sus obligaciones fiscales pero las cubrieron antes del 23 de abril de 2003, cuando la secretaría de Hacienda autorizó cubrir adeudos de aquellos años hasta en 18 parcialidades y condonó el cincuenta por ciento de los recargos derivados de esos impuestos. AHMSA y sus subsidiarias se acogieron a ese beneficio únicamente respecto de los impuestos de enero y febrero del año pasado.
Sin embargo, Hacienda ha reactivado procedimientos sobre la cantidad de 24 millones de pesos, menos del cinco por ciento del total de los impuestos retenidos cada año por las empresas del grupo. En ese capítulo y de acuerdo con la información de que disponen, los trabajadores aseguran que “AHMSA y sus subsidiarias se encuentran al día en el pago de impuestos retenidos”. Agregan que eso no obstante “con acciones discriminatorias y claramente diferenciadas frente a otras empresas, malversando recursos públicos que deberían destinarse a perseguir a verdaderos evasores, funcionarios fiscales reactivaron en forma totalmente irregular las denuncias desechadas sobre hechos que no constituyen delito en ningún país avanzado ni en México”. Estas empresas, dicen los integrantes de su planta laboral, “se encuentran trabajando a toda su capacidad y cumplen sus compromisos con clientes y proveedores. Con sus propios recursos financieros y el compromiso constante de su personal, se realizan en tiempo y forma los mantenimientos necesarios para garantizar la operatividad de los equipos. Orgullosamente hemos sido los primeros en contar en México con las principales certificaciones internacionales en calidad, seguridad y medio ambiente”.
Los trabajadores demandan, en suma, “no violentar el Estado de Derecho y terminar con la intromisión indebida de funcionarios gubernamentales en asuntos que sólo competen a particulares y en última instancia a los tribunales del país. Permitirlo pone al Gobierno al servicio de intereses ajenos al Estado y que podrían entenderse relacionados con los propios funcionarios involucrados”. En igual sentido y tras afirmar que trabajadores y el grupo están logrando sus objetivos, expresan su temor de que “ante el fracaso de las presiones ilegales contra el consejo de AHMSA y con base en informaciones falsas sobre la empresa”, se intente la expropiación o requisa, o se fuerce llegar a la quiebra, extremo este último que implicaría el cese de operaciones y el desastre de la región.
