La sangre volvió a correr a borbotones a lo largo de México, especialmente en los estados de Baja California, Nuevo León y Sinaloa.
En San Ignacio, Sinaloa, la semana pasada se registró una matanza por una venganza entre narcotraficantes en donde fueron ejecutados cinco individuos.
En Nuevo León un grupo de delincuentes se enfrentó a balazos con policías estatales. El saldo fue de tres muertos, entre ellos dos policías y ocho heridos.
En Tijuana, otra vez Tijuana, el ex subprocurador estatal, Rogelio Delgado Neri, fue acribillado por dos gatilleros junto con varios de sus acompañantes en un céntrico bar. El saldo final fue de cuatro muertos y tres heridos, entre ellos varios inocentes.
La respuesta de las autoridades en los tres casos fue tibia por no decir que temerosa y conformista. Ayer fueron descubiertos once cadáveres en Ciudad Juárez y de acuerdo a los reportes de México durante enero se registraron al menos 60 crímenes relacionados con el “narco”.
Las autoridades estatales, ya no digamos las federales, que hace tiempo duermen en sus laureles, poco o nada les importa lo que sucede en su entorno con respecto a la seguridad pública.
Por el contrario, algunos funcionarios prefieren justificarse y señalar que si bien es cierto la situación es difícil, son los medios de comunicación quienes exageran la nota.
El año pasado se registraron varias violaciones a turistas norteamericanas en Tijuana por parte de ¡agentes policíacos!, algunos de ellos de un cuerpo especial dedicado a proteger a los visitantes. Imagine usted que fueron ellos mismos quienes abusaron de las féminas en lugar de protegerlas.
Esto originó que el Departamento de Estado norteamericano considerara a Tijuana como una ciudad peligrosa para ser visitada por los norteamericanos.
Las autoridades de Baja California pusieron el grito en el cielo para defender a capa y espada a la ciudad.
Días después la realidad le dio la razón al Gobierno yanqui. En una emboscada al estilo de la mafia mataron al ex subprocurador y a varios inocentes que disfrutaban un aperitivo nocturno.
El colmo de colmos fue que el alcalde tijuanense, Jesús González, declaró que este tipo de sucesos no pueden evitarse y que “por un incidente no se puede decir que Tijuana es una ciudad peligrosa”.
El gobernador, Eugenio Elorduy, los empresarios y algunos líderes de la comunidad, suelen compartir esa opinión, quizás para justificar el dolor y la angustia que produce la incapacidad para frenar la violencia terrible que desde hace años agobia a los tijuanenses.
En el pasado todos los sectores se unían para demandar un alto a la violencia, pero hoy prefieren la complacencia y el disimulo a la acción.
Un alcalde tijuanense intentó hace unos años imponer orden en el cierre de bares en la concurrida Revolución con el aplauso de la ciudadanía. Pero los comerciantes de las distintas cámaras lograron con presiones bloquear la medida.
En Tijuana, como en otras tantas partes del país, las autoridades y sus líderes están negados y no quieren combatir a fondo la delincuencia. No quieren reconocer la realidad y menos enfrentarla.
Sabemos que se puede vivir plácidamente y tranquilo en Tijuana, pero siempre y cuando no se tenga a un vecino “narco” o no se coincida en un restaurante con un policía, abogado o juez metido en líos con la mafia.
Tal fue el caso del estudiante de maestría, Pablo González, quien asistió a un bar a presenciar un partido de soccer y terminó siendo víctima del fuego cruzado.
Las autoridades en Baja California y en México están urgidas de abandonar su posición de avestruz y luchar de frente contra esta violencia que día a día se extiende a lo largo y ancho de la República Mexicana.
