EFE
MADRID, ESPAÑA.- El presidente del banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y los ex altos cargos José María Amusátegui y Angel Corcóstegui entregaron ayer una fianza de 164.2 millones de euros (194 millones de dólares) que le impuso una jueza por el llamado "caso jubilaciones".
Este escándalo estalló al conocerse que Amusátegui y Corcóstegui cobraron sendas indemnizaciones de 43.7 y 108 millones de euros (51.6 y 127.6 millones de dólares) al abandonar la entidad a mediados de 2001 el primero y a principios de 2002 el segundo, tras la fusión en 1999 de las entidades Santander y Central Hispano.
Según explicaron fuentes judiciales, la fianza se ha pagado mediante sendos avales de la entidad financiera La Caixa a Botín y Amusátegui por un importe de 56.09 millones de euros (66.3 millones de dólares) y a Botín y Corcóstegui por unos 108.2 millones (cerca de 128 millones de dólares).
La jueza de la Audiencia Nacional Teresa Palacios impuso esta fianza a Botín, Amusátegui y Corcóstegui después de decretar la apertura de juicio oral contra ellos, a los que acusa de los delitos de apropiación indebida o administración desleal por los pagos millonarios abonados a los dos últimos al abandonar el banco.
Por estas acusaciones, los tres se enfrentarán en el juicio oral a penas que pueden llegar a seis años de prisión, así como a multas y a la posibilidad de su inhabilitación para administrar sociedades.
El presidente del SCH decidió abonar ayer la fianza pese a que la magistrada no ha resuelto todavía sobre su petición de que se imponga también un aval a Rafael Pérez Escolar, uno de los demandantes, para que pueda hacer frente a una eventual indemnización a Botín si éste es absuelto. Esta decisión coincide con la resolución del Tribunal Constitucional español de rechazar la admisión del recurso de amparo que Botín había presentado para intentar paralizar el procedimiento en su contra que sigue la Audiencia Nacional. El "caso jubilaciones" está pendiente sólo de que se fije una fecha para el inicio del juicio oral, en el que se sentarán en el banquillo Botín, Amusátegui y Corcóstegui y también de que la jueza determine si Pérez Escolar ha de abonar la fianza de 3.28 millones de euros (3.8 millones de dólares) pedida por el presidente del SCH.
