07 de enero de 2004.
JURIQUILLA, Qro., (SUN-AEE).- El coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia, Eduardo Sojo Garza Aldape, afirmó que la deuda más grande del país, implicados en ella los tres niveles de gobierno, es la referida al pago de pensiones a jubilados, cuyo monto supera los 4.5 billones de pesos, más del 70% del Producto Interno Bruto (PIB), que se estima en unos 6.2 billones de pesos.
Ante gobernadores, presidentes municipales y legisladores asistentes a la sesión plenaria de la Convención Nacional Hacendaria, agregó que "los pasivos contingentes estatales son del 25%, más los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que oscilan en 45%, es decir, 70% del PIB del país; pero, a eso todavía habría que sumarle lo de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electriciada (CFE) y otras instituciones -como las universidades-".
Por ello, el funcionario convocó a revertir "ese problema de primer orden", mediante una reforma hacendaria y la referente al sistema de seguridad social, donde propuso unificar los esquemas de pensiones, en el marco de la presentación del diagnóstico de la Mesa Tercera, denominada Deuda Pública.
El funcionario detalló las tres directrices que deben alcanzar las modificaciones legales: asegurar su fondeo -financiamiento-; ofrecer plena certidumbre a los trabajadores sobre sus derechos o conquistas laborales; y permitir la portabilidad, lo cual significa un beneficio a los trabajadores, porque podrían conservar sus derechos y recursos de jubilación cuando dejen de prestar sus servicios en la iniciativa privada para ofrecerlos en el gobierno federal o viceversa.
Sojo Garza Aldape precisó que el último diagnóstico sobre el pago de pensiones en los estados corresponde a 1999, cuando se estimaba en un billón 536 mil 900 millones de pesos, es decir: el 25% del PIB, a la cual se sumaban 170 mil millones de pesos, de deudas por pensiones en universidades.
"Hay gran incertidumbre respecto de la magnitud exacta del problema de las pensiones porque no se tiene información actualizada al respecto. Tenemos seis años de rezago", agregó.
En tanto, los gobernadores de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya; Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, se comprometieron a impulsar los acuerdos que requiere la nación en materia hacendaria.
