Es posible que aún existan. Pero no recuerdo ningún Estado moderno en el que no haya leyes a las que sus gobernantes estén obligados a someterse.
Porque desde la famosa Carta Magna que se suscribió en Inglaterra durante el reinado de Juan Sin Tierra, mediante la cual se acotó el poder del monarca y en lo sucesivo ese poder dejó de ser omnímodo, absoluto, hasta nuestros días los Estados se rigen por leyes.
Al paso de los siglos llegarían revoluciones tan trascendentes como la francesa en la que al grito de: “Libertad, Igualdad y Fraternidad” se rompieron añejos paradigmas que débilmente sostenían un sistema caduco.
En el caso de México, aun antes de haber alcanzado la independencia, ya imperaban leyes a las que todos estaban sometidos y en su momento, constituciones como la de 1824 y 1857, junto a la de 1917 que nos rige, fueron documentos básicos determinantes para nuestra vida jurídica e institucional.
Todo lo anterior y mucho más, deberían saberlo los señores de “la calificadora Standard & Poor´s” de manera que no tendrían porqué poner en duda que el nuestro es un país de leyes, pues ahora resulta que a juicio de esa empresa el desenlace del procedimiento de desafuero instaurado en contra de Andrés Manuel López Obrador “revelará si México está dominado por hombres fuertes o por el Estado de Derecho”.
En primer término, el caso de jefe de Gobierno es un asunto interno en el que no deben intervenir ni autoridades ni empresas extranjeras, pues ello significaría una intromisión que es violatoria el principio de la autodeterminación de los pueblos.
Parto del supuesto de que la citada empresa es extranjera, específicamente norteamericana, pues no concibo que una nacional pueda formular ese tipo de especulaciones absurdas por simplistas, pues S&P llegó al extremo de sostener que para que exista continuidad de la actual política económica se requiere que la elección del dos mil seis la gane un candidato del PRI o del PAN.
De ganarla uno del PRD, según el informe de esta empresa, las cosas podrían cambiar y para mal, dada la tendencia izquierdista de ese partido.
Pero, es válido preguntarse: ¿Quiénes son los norteamericanos para decirnos que la única forma de probar que en México impera un sistema de derecho es que se desafuere y sancione a López Obrador?
¿Acaso el sistema de derecho de aquel país es perfecto? ¿Acaso no incurren en aberraciones jurídicas? ¿No condenan a inocentes y dejan en libertad a culpables? ¿No hay crímenes sin esclarecer? ¿No se cometen abusos de poder que jamás son sancionados? Claro que sí. Pero además, no se puede juzgar la eficiencia de un sistema por un solo caso, ni mucho menos sostener que si no se hace tal o cual cosa es señal inequívoca de que es el nuestro un Estado en donde mandan los “hombres fuertes” por encima de las leyes. O dicho en otros términos, un país de caudillos omnímodos no sujetos a norma alguna.
Desde luego que es posible que el caso de Andrés Manuel quede en nada si la mayoría de la Cámara de Diputados decide no desaforarlo. Pero ello no significará que en México no impere un Estado de Derecho.
Podrá haber personas que sostengan que, de ser esa la conclusión, no sería justo en lo que quizá tengan razón. Sin embargo, la verdad legal será ésa y en un Estado de Derecho esa verdad debe respetarse independientemente de las divergencias de criterios.
Si aplicamos los criterios del informe de S&P a los Estados Unidos tendríamos que llegar a la conclusión de que allá no impera el Estado de Derecho, pues nada se ha hecho para enjuiciar a George W. Bush por haber lanzado el ataque contra el pueblo de Afganistán, partiendo tan sólo de la suposición de que en su territorio se escondía Osama bin Laden; ni por haber declarado la guerra contra Irak a partir del supuesto de que el régimen de Saddam contaba con armas químicas y le brindaba protección y ayuda al grupo de Al Qaeda, lo cual ha resultado falso.
Las bombas químicas no aparecieron por ningún lado. Y la comisión que investiga los nexos de Saddam con Al Qaeda está por concluir que no existieron vínculos como los que alegaba Bush para justificar su guerra.
¿No serán, vistos esos hechos, los Estados Unidos un país en el que sus gobernantes actúan al margen de la Ley sin que de ello derive consecuencia alguna?
Si un sistema jurídico occidental se caracteriza por moverse en el terreno de lo absurdo es el norteamericano, en donde además, impera en materia penal, en muchos estados, la pena más grave que puede haber y que es la de muerte.
Para probar la anterior afirmación, comentaré aquí tan sólo tres casos de responsabilidad civil en los que se evidencia a los absurdos que llegan los tribunales norteamericanos tratándose de la aplicación del derecho y juzgue usted si lo que leerá a continuación, que son casos verídicos, implica que los gringos viven en un país de leyes.
Primer Caso: El señor Merv Grazinski, de Oklahoma City, se compró en noviembre de 2000, una camioneta marca Caravana de Winnebago. Esta camioneta era de las grandes, de las que son a la vez camioneta y casa rodante. En su primer viaje, estando en una supercarretera, aceleró hasta alcanzar la velocidad de 70 millas por hora (unos 120 km/h) y una vez que el vehículo llegó a ese punto, puso el “cruise control”, es decir, el “piloto automático” y se fue a la parte de atrás a prepararse un café.
Obvio es que el vehículo chocó. Pero el señor Grazinski demandó a la Winnebago por no advertir en el manual de uso que el programador de velocidad no es un piloto automático que tome curvas, frene cuando se requiera e incluso detenga el vehículo si ello es necesario. Por ello fue indemnizado con $1’750,000.00 dólares y una nueva camioneta. Por este caso la compañía se vio obligada a cambiar sus manuales para hacer esa advertencia a fin de que ningún estúpido se confunda.
Segundo Caso: La señora Kathleen Robertson, de Austin, Texas, fue indemnizada con $780,000.00 dólares, tras romperse un tobillo después de tropezar y caerse por culpa de un niño que estaba corriendo adentro de una tienda de cocinas. Los dueños de la tienda se sorprendieron al ser obligados a pagar dicha cantidad, pues resulta que el niño que tan mal se había comportado y que andaba como chiva loca corriendo por la tienda era hijo de la señora Robertson.
Tercer Caso: Un joven de 19 años, Carl Truman, de Los Ángeles, California, obtuvo una indemnización por $74,000.00 dólares, más los gastos médicos, porque un vecino pasó su coche por encima de la mano del muchacho cuando éste, sin percatarse que el vecino estaba arriba del coche, intentaba robarle las tapas de los rines de las llantas del vehículo.
¿Habrán sido justas esas condenas civiles? Y sin embargo se dieron en un país en donde impera el Estado de Derecho.
