09 de febrero de 2004.
Ginebra, (EFE).- Los conflictos sociales en las regiones indígenas de México requieren atención urgente del Gobierno federal de ese país, se afirma en un informe que será presentado en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se inaugura en Ginebra el 15 de marzo.
El documento, elaborado por encargo de ese órgano de la ONU, denuncia una serie de violaciones de los derechos humanos de los indígenas dentro de los diversos conflictos agrarios y políticos, así como en la administración de Justicia.
Los indígenas mexicanos representan el 12 por ciento de la población total del país, pero constituyen una mayoría en varios municipios rurales del sureste.
El relator especial sobre la situación de los indígenas y autor del informe, Rodolfo Stavenhagen, afirma que entre las muestras más claras de la discriminación que sufre esa minoría están su pobreza extrema, la insuficiencia de servicios sociales y la gran desigualdad entre sus ingresos y los del resto de la población mexicana.
El experto de la ONU señala también que los indígenas son las víctimas más vulnerables de abusos en el sistema judicial, donde sufren "violaciones al derecho a la vida y la integridad física, al debido proceso y las garantías individuales".
En otro pasaje de su informe, Stavenhagen alerta sobre la "preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social", particularmente dentro del conflicto en Chiapas, así como aquellos registrados en las localidades de Oaxaca y Guerrero.
Sobre el papel que ha desempeñado el Estado mexicano en esta situación, se menciona que los recursos públicos destinados a programas de desarrollo en regiones indígenas "han sido siempre insuficientes", lo que ahora se traduce en el bajo nivel de vida de esas comunidades.
Con este telón de fondo, el relator recomienda al Congreso de México "reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena", puesto que aquellas adoptadas en 2001 "no han satisfecho las aspiraciones y demandas del movimiento indígena organizado".
Una eventual nueva reforma debería dejar claramente establecidos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, mientras que un reglamento "resulta necesario para proteger la integridad de sus tierras".
El relator sugiere también la creación "con carácter prioritario" de una instancia nacional de atención a los desplazados internos y dotarla de los recursos necesarios que permitan, incluso, ofrecer reparaciones a las víctimas por los daños sufridos.
Asimismo, plantea la elaboración de un sistema de protección especial a inmigrantes indígenas en las zonas urbanas y agrocomerciales, particularmente cuando se trate de mujeres, niños o indígenas centroamericanos que transiten por territorio mexicano.
Los indígenas -agrega- deben recibir atención especial en cuestiones migratorias en la relación bilateral Estados Unidos-México.
