Agencias
MÉXICO, DF.- Petróleos Mexicanos (Pemex) podrá hacer frente a su deuda que supera los 800 mil millones de pesos siempre y cuando se le permita mayor flexibilidad operativa y financiera, aseguró el director corporativo de Finanzas de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel.
El funcionario propuso otorgar autonomía de gestión a la empresa, que incluye la facultad de ésta para concretar alianzas estratégicas con empresas privadas para desarrollar proyectos productivos, colocar títulos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y cumplir al ciento por ciento con el Código de Prácticas Corporativas.
Al comparecer ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que preside Francisco Xavier Salazar, el directivo de Pemex expuso que la deuda total de la empresa asciende a 836 mil millones de pesos, la cual ha crecido en los últimos años por la onerosa carga fiscal y que le genera pérdidas después de impuestos.
El principal problema que enfrenta la compañía es el régimen confiscatorio al que está sujeta, ya que el 60.5 por ciento de sus ingresos brutos se destina al pago de impuestos, recordó.
Dicho esquema, continuó, fue el que impidió que los montos de inversión disminuyeran año con año durante las administración pasadas y aun cuando esa tendencia se revirtió en los últimos cuatro años, un alto porcentaje de los recursos corresponde a proyectos financiados bajo el Esquåma de Pidiregas.
Sin embargo, aseveró que la modificación al régimen fiscal, que probablemente se concrete en el próximo período de sesiones del Congreso de la Unión, no es suficiente para asegurar una operación y crecimiento sano de la empresa.
El régimen fiscal es un cambio necesario pero no suficiente. Hay que modernizar la empresa de manera más amplia y flexibilizar sus procesos administrativos y operativos.
Para ello, sugirió flexibilizar el sistema de auditorías que aplica la empresa, ya que en la actualidad es sujeta de 300 revisiones al año por parte del Organo Interno de Control, de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, lo que genera problemas operativos.
Propuso además modificar las leyes de Obra Pública y de Adquisiciones que aplican a todas las dependencias federales, ya que es más complejo licitar proyectos y obras del sector petrolero que escuelas, edificios y suministros de dependencias con menor grado de dificultad.
Suárez Coppel refirió que empresas petroleras competitivas en el ámbito mundial establecen alianzas estratégicas con otras compañías para desarrollar proyectos que requieren grandes inversiones y experiencia probada, por lo que ese esquema permitiría repartir inversiones y resultados.
Si se comparten inversiones y tareas se asegura eficiencia, pero al mismo tiempo se construyen mecanismos de control de riesgo, lo que a fin de cuentas crea valor para los accionistas, aseguró.
El funcionario también se manifestó a favor de convertir a la parestatal en una empresa pública, es decir, que cotice en la BMV con la emisión de Certificados de Aportación Patrimonial (CAP's), dirigidos sólo a trabajadores sindicalizados de la empresa y Administradoras de Fondos para el Retiro.
Mencionó que el cumplimiento del Código de Mejores Prácticas Corporativas y la designación de consejeros independientes contribuirían a fortalecer el sistema de rendición de cuentas y asegurar la transparencia en el uso de los recursos en caso de que se le otorgara autonomía de gestión a Pemex.
En suma, dijo Suárez Coppel, dichos esquemas evitarían el riesgo de que el potencial de hidrocarburos que tiene el país se agote por falta de inversiones y permitirían modernizar a Pemex para competir en el ámbito mundial.