Hace seis lunes, el 23 de febrero, en este mismo lugar apareció una columna con título igual al de hoy. En ella solicité a la dirección general de Pemex que hiciera saber “las condiciones y los fundamentos para darse por satisfecha ante la sustracción de mil 580 millones no devueltos a Pemex. Y a la Secretaría de la Función Pública, que deslizó la especie de que se opondría a tal acuerdo, que explique por qué lo autorizó o se hizo de la vista gorda”.
Mi solicitud se refería al beneficio procesal obtenido por el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, que en uno de los dos juicios que en su contra están en curso (pero que él vive en plena libertad) garantizó con una leve suma su disponibilidad ante la justicia. El monto no fue mayor, correspondiente al importe de la suma mencionada, porque la dirección general de Pemex notificó a la autoridad judicial que el daño fue reparado y se dio por satisfecha. La tal reparación no fue sino virtual y tramposa. Empresa y sindicato convinieron en que el dinero indebidamente entregado en 2000 (un tercio del cual fue a dar al PRI) sea restituido con cargo a las cuotas que retiene Pemex y entrega al comité sindical, en cómodas anualidades, tan cómodas que nuestros nietos serán testigos del finiquito.
Treinta y seis días después de aquel pedido no he recibido la información solicitada. Muy amables, el día mismo de la publicación los responsables de prensa concernidos, Sergio Uzeta y Víctor Avilés —que pasó al sector central de la administración tras su plausible desempeño en el IFE— entablaron comunicación conmigo al respecto. Uzeta disculpó al director Raúl Muñoz Leos por no acceder a mi petición, pero él no fue más que conducto de una resolución del consejo de administración y éste debe autorizar la entrega del acuerdo de marras. Por su parte, el propósito no cumplido de un encuentro personal que tuviéramos el secretario Eduardo Romero y el autor de estas líneas impidió conocer el parecer de la antigua Contraloría de la Federación.
Naturalmente, mi curiosidad profesional insatisfecha no importa. Lo relevante es que la sociedad tenga acceso, no sólo a través de los mecanismos de la Ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a un documento tan relevante que no sólo implica una cuantiosa suma de que se privó ilegalmente a un organismo público, sino que consagra la impunidad.
A ese mismo objetivo parece conducir la actuación del Ministerio Público Federal en los procesos correspondientes, como si el acuerdo entre Pemex y su líder sindical fuera parte de otro mayor que resulte en la dilución de las responsabilidades originalmente fijadas. Los procesos (por peculado a secas y por peculado electoral) en que el acusado es Romero Deschamps, están en la etapa de pruebas. La PGR había ofrecido la testimonial de varias personas, pero el jueves desistió de presentar a dos de las cuatro personas cuya declaración estaba prevista y los dos restantes, pieza clave en la reunión de los datos que permitieron construir la acusación original, se cuidaron de no implicar al secretario general del sindicato petrolero, como si ignoraran que la caja de Banorte en el centro de la Ciudad de México de donde llevaron 500 millones de pesos a las arcas del PRI, había sido contratada por el tesorero del propio sindicato y alimentada con depósitos en una cuenta abierta ex profeso por el propio senador Ricardo Aldana.
Aminorar la gravedad del delito atribuido al ex diputado y dejar en la penumbra su central participación en la maniobra, redundará en la exoneración del líder petrolero, que parece haber sido el objetivo concertado. ¡Y eso que la lucha contra la impunidad, contra ese acto específico de impunidad fue comparada con un lingote de oro por el propio Presidente Fox, que prefirió perder la posibilidad de una reforma fiscal convenida con el PRI, a cuyo logro comparó en esa metáfora con simples cacahuates! Mañana será instalada la sección instructora de la LIX legislatura de la Cámara de Diputados, a la que toca determinar el desafuero del senador Aldana. Hasta ahora, el probable convenio general para excusar a los autores del enorme latrocinio perpetrado contra Pemex lo ha beneficiado también.
Primero en unión de Romero Deschamps, cuando también estaba amparado por la inmunidad parlamentaria y luego a solas (pero con el permanente cobijo de su partido, al que a la postre se sumó el fariseísmo panista), Aldana consiguió demorar la instrucción que debería desembocar en su desafuero. Pero no pudo impedir que se produjera el dictamen que lo proponía al pleno. Pero cuando ello fue posible la LVIII legislatura había concluido y diversas chicanas, en apariencia contrarias entre sí pero en el fondo complementarias, evitaron que en septiembre los nuevos diputados se estrenaran con un brillante logro contra la impunidad.
A partir de mañana se debatirá si el dictamen de la anterior sección instructora tiene pleno valor y no es preciso elaborar otro o si como propuso la exitosa argucia priista es sólo un proyecto susceptible de revisión. De los cuatro instructores, dos son miembros del mismo partido que Aldana y es presumible que le brindarán la solidaridad partidista que merece quien hizo entrar 640 ó 500 millones de pesos a las cajas priistas. Si se estorba de nuevo el desafuero y si la lenidad con que está siendo tratado Romero Deschamps se consuma, quedará en el olvido y sin castigo este atentado contra la nación.
