Los sistemas de pensiones y jubilaciones de los trabajadores del sector público en México son una amenaza creciente al equilibrio presupuestal y la salud financiera de nuestro país. La excesiva generosidad con la que los gobiernos y legislaturas distribuyen recursos para ganar el favor de los electores, contrasta con su incapacidad para proveer los mecanismos para financiarlos.
Este problema es particularmente serio en el sistema público de pensiones, donde destacan los planes de jubilaciones de los empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los trabajadores afiliados al ISSSTE, los que laboran en los gobiernos estatales, así como los empleados y trabajadores de PEMEX, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro.
El 15 de octubre del año pasado tuvimos evidencia, como nunca antes, de los problemas severos que enfrentarán este gobierno y los siguientes, cuando intenten modificar esos generosos sistemas de pensiones. Ese día fuimos testigos, en particular, de la reacción de los empleados del IMSS ante la propuesta oficial de cambiar algunos aspectos de su régimen actual de jubilaciones y pensiones. La modificación substancial de este régimen es crucial para la salud financiera del IMSS, como también es necesario cambiar los que están vigentes para los trabajadores de los gobiernos federal y estatales, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
El actual régimen de pensiones y jubilaciones del IMSS permite retirarse con más del 130 por ciento del último salario al cumplir los hombres 28 años de antigüedad y 27 años las mujeres. En esas condiciones, los trabajadores del IMSS adquieren el derecho a retiro a los 53 años de edad en promedio, lo que deja obligaciones financieras para la institución por un período de alrededor de 22 años más, de acuerdo a la esperanza actual de vida.
La propuesta de reforma de los directivos del organismo va en la dirección correcta, ya que habla de elevar a 35 años la antigüedad mínima para la jubilación y a 65 años la edad mínima para acceder a la pensión por vejez. Sin embargo, se queda corta en sus pretensiones a la luz de la experiencia en los países europeos que relaté la semana pasada, donde han tenido que elevar hasta 40 el número de años de contribuciones y les queda pendiente la aplicación de esquemas de cuentas individuales de capitalización.
El sindicato del IMSS no sólo rechazó estas modificaciones y logró que se pospusiera la discusión del tema hasta este mes de marzo, sino que además complicó la ya de por sí precaria situación financiera del Instituto al incorporar como parte del contrato colectivo a médicos generales de confianza y 21 mil trabajadores del programa IMSS Oportunidades.
No perdamos de vista que los generosos sistemas de pensiones y jubilaciones del IMSS, así como los del resto de los trabajadores del Estado se financian, a fin de cuentas, con el dinero de todos los contribuyentes. Los que trabajan en ese organismo y otras entidades públicas se han otorgado grandes privilegios por años, con la irresponsable complicidad de gobiernos y legislaturas anteriores. Ahora esperan que el déficit actuarial de sus pensiones que crece de manera insostenible, siga con cargo al resto de la población.
Esa es, por lo menos, la posición del secretario de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y secretario general del sindicato del IMSS, quien no estuvo de acuerdo en modificar las condiciones de sus jubilaciones en octubre pasado y luego consideró en diciembre que no es recomendable que con la reforma a la ley del ISSSTE se adopte el sistema de capitalización individual. Según esta persona, debe conservarse el fondo solidario o de reparto, con el cual los impuestos pagados por las generaciones futuras tendrán que financiar a los burócratas jubilados de hoy y de mañana.
Los gobiernos mexicanos han enfrentado esta situación tímidamente y su pérdida de valor es similar a la de otros gobiernos que se doblegan ante las protestas y trasladan el problema a sus sucesores. No obstante, al igual que sus contrapartes europeas, nuestros gobernantes tendrán que enfrentar la dura realidad de que los esquemas de pensiones para los empleados públicos son insostenibles.
La experiencia europea nos dice que enfrentar esa realidad será doloroso para todos y las propuestas de reforma llevarán, invariablemente, a enfrentamientos entre las autoridades que querrán eliminar esos privilegios y aquellos que tratarán de conservarlos por todos los medios. Cualquier intento de reforma al sistema de pensiones causará un mayor revuelo que los ocasionados por asuntos como la reforma energética o la fiscal. Se trata, a fin de cuentas, de reconocer que las promesas irresponsables del pasado no se podrán cumplir en el futuro.
Las enseñanzas internacionales nos presentan varias acciones que deben adoptar nuestras autoridades aún cuando los sindicatos se opondrán ferozmente a ellas. Primero, elevar la edad de jubilación por lo menos a los 65 años que tienen que cumplir los trabajadores del sector privado. Segundo, aumentar a 40 el número de años de contribuciones. Tercero, sustituir el esquema de reparto por uno de cuentas privadas de retiro, de manera que sean los trabajadores de los organismos públicos quienes financien su jubilación, y no el resto de los ciudadanos.
Estas medidas liberarían recursos para atender las necesidades de muchos millones de mexicanos que todavía viven en la indigencia y no tienen acceso a algún sistema de seguridad social. Considero, sin embargo, que la discusión sobre estos asuntos se contaminará con la próxima contienda electoral por la presidencia, lo que hará que la administración actual, como es costumbre, traslade esta bomba de tiempo a las generaciones futuras.
