Los meses del verano han sido particularmente “calientes” en lo que toca al tema de las pensiones de los empleados públicos, en particular los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El viernes de la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma a la Ley del IMSS que prohíbe utilizar las cuotas obrero-patronales para el pago de las jubilaciones y pensiones de sus trabajadores.
El PRD, como acostumbra, se opuso a la reforma, y lo mismo hicieron los dirigentes sindicales del IMSS, así como los del STUNAM. Es muy probable que en los próximos días continúen las manifestaciones de descontento de los trabajadores del Instituto, quienes se niegan a cualquier cambio que reduzca sus numerosos privilegios.
La reforma que tanta oposición ha generado es, en realidad, un paliativo que si bien modifica el mecanismo de pensiones para las nuevas contrataciones del Instituto, no corrige el enorme problema financiero del mismo, ya que no introducen mecanismos de competencia que lo hagan más eficiente ni se afectan los derechos vigentes de los trabajadores, los jubilados y los pensionados, en particular lo que se relaciona con los años de antigüedad y la edad mínima de retiro.
El director del IMSS, Santiago Levy, mencionó recientemente en un noticiero de radio que aún vendiendo todos sus activos, incluyendo hospitales, clínicas y edificios, habría un faltante de más de 180 mil millones de pesos para cubrir los compromisos financieros amparados por el contrato colectivo con sus trabajadores.
Y es ahí, precisamente, donde está el meollo del problema. Nuestro sistema de salud está organizado para servir los intereses de sus trabajadores y sindicatos en vez de los de sus usuarios. Los sistemas de pensiones de los empleados públicos, en especial los del IMSS, son fruto de años de presiones políticas y de una “generosidad” irresponsable de gobiernos y legislaturas anteriores, que sin consideración alguna de los mecanismos de financiamiento cedieron a demandas (chantajes) sindicales que son imposibles de cumplir en cualquier empresa.
Una situación de esa naturaleza no se presenta en una organización privada. Los reclamos sindicales o la ineptitud de sus administradores tienen como límite el capital de la empresa. De ahí que las partes tiendan, por lo general, a acuerdos que no ponen en riesgo la solvencia del negocio en el largo plazo. Cuando ello no ocurre, la empresa quiebra sin costo para los contribuyentes.
Ese no es el caso de las empresas y organismos públicos en nuestro país, que por décadas han sido un botín de políticos y sindicatos. Muchos de ellos todavía lo son, como lo demuestran en particular los sindicatos del IMSS y Luz y Fuerza del Centro, que sobreviven con el dinero de los contribuyentes.
En el caso particular del IMSS, es necesario que su sindicato acepte modificar su contrato colectivo para elevar el número de años de antigüedad y la edad mínima de retiro; así como adecuar algunas de sus canonjías y sustituir el esquema actual por uno donde los trabajadores de los organismos públicos financien su jubilación en cuentas individuales de retiro. En caso contrario, la solución menos onerosa sobre la sociedad mexicana sería la quiebra del Instituto, siempre y cuando no exista algún ordenamiento legal que obligue al erario a absorber los compromisos financieros de su contrato colectivo.
La experiencia europea nos enseña que las propuestas de reforma a los sistemas de pensiones llevarán, invariablemente, a enfrentamientos entre las autoridades que buscarán eliminar privilegios y los sindicatos públicos que tratarán de conservarlos. Por ejemplo, el gobierno de Francia experimentó en la primavera del año pasado manifestaciones donde más de un millón de personas protestaron en contra de las reformas al sistema de pensiones. Los sindicatos paralizaron la mayoría de los vuelos, hospitales, escuelas y la distribución de energía eléctrica.
El gobierno francés no capituló, simplemente porque la aritmética le decía que el dinero no alcanza. El Parlamento aprobó una ley que obliga a los trabajadores del sector público, que hasta antes de los cambios podían jubilarse con pensión completa después de 37 y medio años de contribuciones, a trabajar los mismos cuarenta años que los empleados del sector privado.
En México el dinero tampoco alcanza y el quebranto del IMSS crece todos los días gracias al increíblemente generoso régimen de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, que en contraste con sus símiles franceses, pueden retirarse al cumplir los hombres 28 años de antigüedad y 27 años las mujeres.
El pésimo servicio que presta el IMSS requiere no sólo de una reforma que modifique el actual sistema de pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, sino que además abra la posibilidad de que sean los consumidores quienes elijan los proveedores de los servicios de salud. El gobierno financia el gasto médico y de salud, pero ello no quiere decir que necesariamente tiene además que proveerlo. Por ejemplo, en Alemania casi la mitad de las camas de hospital son privadas y en Holanda más del 90 por ciento de los hospitales que proveen los servicios de salud pública son organizaciones privadas sin fines de lucro.
En conclusión, el Gobierno mexicano tendrá que aceptar, al igual que sus contrapartes europeas, que los esquemas de pensiones para los empleados públicos son insostenibles y constituyen una amenaza creciente a la salud financiera de nuestro país. Se requieren, en consecuencia, cambios legales y constitucionales para evitar que continúen drenando las arcas nacionales y nos lleven, en algunos años, a la explosión de la más predecible bomba de tiempo económica y social en nuestra historia. Falta ver cuáles autoridades tendrán las agallas políticas para realizar esos cambios.
