Después de que amenazaba con dar de lleno en Cuba la semana pasada, el huracán Iván desvió su trayectoria y “sólo” lastimó, en esa República, a la isla de Pinos y continuó su paso destructor hasta golpear a Louisiana y Alabama, en los Estados Unidos. Esos dos países y otros caribeños, habían resentido ya los estragos de Charley y Frances, de modo que la cierta benignidad de Iván resultó bienvenida. “Fue muy amable”, dijo del huracán el presidente Fidel Castro.
Lo fue menos, en las horas siguientes a la llegada a tierra de Iván, el Gobierno de George W. Bush al decretar el congelamiento de cuentas de empresas cubanas en Estados Unidos y reforzar la antigua prohibición a sus nacionales de hacer negocios con las de Cuba incluidas en una lista (donde aparece también al menos una mexicana). Parecería, no obstante su gravedad, uno más de los actos hostiles con que desde hace cuatro décadas la Casa Blanca y el Capitolio han buscado sofocar más que al Gobierno al pueblo de Cuba.
Parecería una medida de carácter electoral, como la que en mayo pasado aplicó la administración Bush y que quizá le resulte contraproducente: el mismo sábado en que se publicó la lista de las empresas afectadas se produjo una protesta por las restricciones a viajar a la isla y a enviar dinero allá.
La realizaron, cerca de la oficina electoral de Bush en Miami, representantes de la Asociación de mujeres cristianas en defensa de la familia y otras agrupaciones, como la Coalición contra el embargo a Cuba.
Pero congelar las cuentas a compañías cubanas en Estados Unidos acaso tiene una connotación, ofensiva y amenazante, más allá de la dureza de su efecto inmediato. La lista de las entidades cubanas aparece en sórdida compañía, junto a los nombres de personas relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico. En el mismo costal, como si fueran de la misma calaña, figuran nombres conocidos en México, como los del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva y Francisco Arellano Félix, miembro conspicuo del clan de esos apellidos, encarcelados y sujetos a proceso por delitos contra la salud.
También aparecen los nombres de Lázaro Ponce de León, Elías Armando Valencia Caballero, Naomi de France, Carlos Domínguez, Wilfred Eggleton y Fernando Fuentes Cuba, cuya peligrosidad presumimos.
Las empresas incluidas en esta agresiva medida son Cimex, Cubana Tours, Cuban and Cancun Cigars and Gift Shops, Cubana de aviación, Cubana de fletes, AeroContinente, Proarte, Prelasa y Viñales Tours. Al menos esta última es una empresa mexicana, dedicada a la promoción turística hacia la isla, pero regida por las leyes mexicanas. Sus accionistas y su dirección tienen pleno derecho a que el Gobierno de México impida la trasgresión de la Ley Internacional causada por la pretensión norteamericana de imponer vigencia extraterritorial a su derecho interno, como si todo el mundo fuera espacio jurídico suyo.
Esa misma lamentable inclinación a sobreponerse a la legislación propia de cada país se había mostrado el viernes, cuando volvió a cernirse sobre el Gobierno de México la amenaza de la certificación de su lucha contra las drogas. Como se recuerda, hace apenas tres años México había quedado a salvo de esa práctica parlamentaria norteamericana, que se resumía en la expedición de una carta de buena conducta a los Gobiernos que a juicio del Congreso combatían al narcotráfico en términos satisfactorios para Estados Unidos.
Ahora esa actitud parece estar de regreso o menor dicho, de nuevo nuestro país estaría comprendido en el enjuiciamiento estadounidense a medidas extranjeras. El subsecretario de Estado para asuntos relacionados con las drogas, Robert Charles hizo publicar el viernes pasado una lista de 22 países “que han fracasado en probar que han hecho esfuerzos sustanciales durante los últimos doce meses para cumplir con sus obligaciones internacionales antinarcóticos”. Por instrucciones del Presidente, el secretario Colin Powell envió la lista al Capitolio para determinar cuáles países merecen pagar su desaprensión, ineficacia o complicidad con sanciones económicas y políticas.
Mucho más vulnerable a ese género de medidas agresivas (entre otros factores por el prolongado cerco que Estados Unidos ha tendido sobre su pueblo), el Gobierno de Cuba padece la misma prepotencia expresada en este punto que el de México. En otra circunstancia, esa común dolencia suscitaría una acción si no común al menos simultánea y paralela.
Pero apenas están restañándose las heridas provocadas por la deplorable escaramuza —ridícula si no fuera grave— con que embistió la administración Fox al régimen de la isla en mayo pasado. Queda, por eso, escaso margen para una actuación conjunta, por más que la defensa jurídica de los intereses de las empresas afectadas, que conciernen a ambos países, pudiera hacerse lícitamente en común.
Esperemos, en cambio, que la reunión interparlamentaria que hoy comienza en La Habana genere un marco si no de cooperación sí de entendimiento entre los dos países o al menos sus órganos legislativos. Suele haber más retórica y diversión en la diplomacia parlamentaria que trabajo sustantivo. Pero es preciso que lo haya en este caso, para contribuir a la normalización de relaciones. (Y quien intente descalificar el carácter representativo de la Asamblea Nacional cubana tenga presente, antes de obtener conclusiones, cuán semejante es en su estructura y origen a la de China, país cuyo poder hace admisible su peculiaridad democrática).
