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OKLAHOMA CITY, EU.- El gobernador de Oklahoma, Brad Henry, decidió ayer conmutar la pena de muerte que le había sido impuesta al reo mexicano Osvaldo Torres Aguilera, por una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Torres Aguilera se convierte así en el segundo reo mexicano que logra librar la pena de muerte en Oklahoma en los últimos dos años. En mayo de 2002, Gerado Valdez recibió también a través de un fallo judicial la conmutación de su sentencia por una de cadena perpetua.
“Esta fue una decisión muy difícil, pero creo que la clemencia está justificada por un número de asuntos involucrados en este caso”, dijo Henry al anunciar la conmutación de la sentencia y reconocer la obligación de acatar fallos internacionales a favor del mexicano.
La decisión de Henry se dio horas después de que la Corte Estatal de Apelaciones Criminales de Oklahoma ordenó una suspensión por tiempo indefinido de la ejecución de Torres Aguilera, programada para las 18:00 horas locales del próximo martes.
“A pesar de esa suspensión, sentí que era importante el anunciar la decisión que he tomado luego de una cuidadosa y minuciosa revisión de todo el caso”, precisó el gobernador de Oklahoma.
La Corte de Apelaciones ordenó también que un tribunal inferior realice una audiencia de evidencias para revisar el caso del mexicano y dictaminar si las violaciones cometidas en su proceso son suficientes para garantizarle un nuevo juicio.
La decisión del gobernador de Oklahoma no modifica el dictamen de la corte y deja abierta la posibilidad de que el mexicano busque en los tribunales una modificación de su sentencia, ahora de cadena perpetua.
Roberto Torres Aguilera, hermano de Osvaldo, dijo en entrevista telefónica que la familia reaccionó con sentimientos encontrados tras la decisión del gobernador. “Por un lado estamos contentos, pero por otra parte no”, indicó. “No queremos cadena perpetua para mi hermano, lo que queremos es que pruebe su inocencia y salga libre”, dijo al añadir que “vamos a seguir peleando por su inocencia, porque él no hizo nada”.
Torres Aguilera, de 29 años y originario de Guadalupe, en el norteño estado de Nuevo León, había sido condenado a la pena capital por su indirecta participación en los homicidios de Francisco Morales y Maria Yánez, el 12 de junio de 1993 en la ciudad de Oklahoma.
Las autoridades de Oklahoma siempre han señalado como único autor material de los homicidios a su acompañante, el estadunidense George Ochoa, quien asesinó a las víctimas de 11 balazos a cada una mientras dormían, al ingresar a su casa para robar.
Ochoa también recibió una sentencia de pena de muerte, la cual se mantiene aún vigente.
La oficina del gobernador Henry informó que el mandatario estatal tomó su determinación luego de hacer una revisión del caso y de reunirse con fiscales de la procuraduría de Oklahoma, los abogados defensores del reo y los parientes de las víctimas.
Al anunciar su decisión, Henry destacó que Torres Aguilera no fue notificado de su derecho a contactar al consulado de su país para buscar ayuda legal, un derecho asegurado bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ratificada por Estados Unidos.
El gobernador recordó, además, que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya dictaminó el 31 de marzo pasado que los derechos de Torres Aguilera habían sido violados porque no fue informado sobre sus garantías bajo la Convención de Viena.
Henry recalcó que, bajo los acuerdos internacionales, el dictamen de la CIJ es obligatorio sobre las cortes estadunidenses, ya que “Estados Unidos firmó la Convención de Viena y es parte de ese tratado”.
Explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos contactó también a su oficina para “urgirnos a tomar una cuidadosa consideración de este hecho”.
La conmutación de la sentencia al mexicano Torres Aguilera marca el primer acto de clemencia ejecutiva concedido por el gobernador Henry en un caso de pena de muerte.
Desde su toma de posesión en enero de 2003, Henry había negado clemencia a tres reos, a pesar de que la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Oklahoma le había recomendado hacerlo.
Insistirán en revisión a juicio
Los familiares del mexicano Osvaldo Torres expresaron su alegría porque se le conmutó en EU la pena de muerte por cadena perpetua, pero aseguraron que insistirán en que se revise el juicio.
“Nos dio mucho gusto que se haya detenido la ejecución de Osvaldo pero queremos insistir en que se debe revisar el caso”, declaró la tía de Torres, Apolonia González de Torres.
Explicó que la decisión del gobernador de Oklahoma es resultado de las presiones internacionales, de las organizaciones de derechos humanos, del Gobierno y del Senado de México, y de todos los medios de comunicación que “nos han dado mucho apoyo por lo que siempre le agradecemos a Dios y esperamos que continúen ayudando”.
Aseguró que “hasta ahora, por fortuna, todas han sido noticias favorables, esperamos seguir con ellas”, y agregó que este ha sido un segundo triunfo después de que el viernes pasado la Junta de Amnistías y Libertad bajo Palabra aprobó por tres votos contra dos pedir la clemencia para Torres.
“Sabemos que el proceso es largo y seguiremos luchando para que se revise el caso y su papá está muy contento por esta decisión del Gobernador y está dispuesto a continuar exigiendo la apertura del caso”, dijo la tía del mexicano.
También aclaró que esta decisión en favor de preservar la vida de su sobrino “es una pauta que permitirá salvar la vida de los demás 51 mexicanos condenados a muerte en ese país”.
Por su parte, el Gobierno mexicano recibió con beneplácito la decisión del Gobernador de Oklahoma de conmutar la pena de muerte del mexicano.
“Nos complace enormemente porque evita la ejecución de Osvaldo Torres”, dijo el consejero jurídico de la Cancillería mexicana, Arturo Dager, en rueda de prensa.
El funcionario destacó que esta es una “muy buena señal” que permitirá atender con más fuerza los casos de los restantes 50 mexicanos que enfrentan sentencias similares.
Dager señaló que las autoridades insistirán en que se respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que pidió revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en EU, debido a que no recibieron asistencia consular.
