MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- A pesar de los avances en materia de respeto a los derechos humanos, durante el 2003 se recibieron 13 quejas por el delito de tortura de un total de 3 mil 518 denuncias atendidas, informó el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes.
Al entregar su cuarto informe de labores a la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, dijo que esta vez la mayoría de las denuncias están relacionadas con la mala prestación de servicios, especialmente de salud y citó como ejemplo el número de quejas en contra del IMSS e ISSSTE.
Además los delitos por los cuales se presentaron denuncias son: ejercicio indebido del cargo, amenazas, detención arbitraria, negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, entre otros.
Soberanes acusó a los organismos, instituciones y dependencias que no atendieron las recomendaciones emitidas, entre ellas la Procuraduría de Justicia Militar, los gobiernos de Chiapas, Veracruz y Baja California y el Poder Legislativo de ese estado.
En su intervención, dijo que el derecho a la información es un indispensable para las sociedades democráticas, "para que la sociedad participe en asuntos que la afectan, además de que es un instrumento para rendición de cuentas".
Por ello, el organismo a su cargo "parte de un movimiento de transparencia y por ello cuenta con una normativa interna para que ciudadanos conozcan sus actividades, presupuesto e información, salvo aquella que la ley considera confidencial".
Del total de denuncias se concluyeron tres mil 343 y 728 quedaron en trámite. 16.11% de las quejas fueron en contra del IMSS e ISSSTE que en total acumularon 567 quejas durante 2003.
Otra parte corresponde a quejas por el servicio de suministro eléctrico que se concentró en Chiapas y Sonora.
Las autoridades señaladas con mayor frecuencia fueron: PGR, 586; Comisión Federal de Electricidad, 518; Secretaría de Hacienda, 458; IMSS, 440; Seguridad Pública Federal, 333; Defensa Nacional, 180; ISSSTE, 127; SEP, 121; e Instituto Nacional de Migración, 115.
En cuanto a los casos de tortura se señaló como probables responsables a autoridades pertenecientes a las siguientes dependencias: PGR, Sedena, Procuraduría de Justicia de Chiapas, Instituto Nacional de Migración, Ayuntamiento de Ciudad Juárez, de Tijuana, Policía Judicial Federal y Procuraduría del estado de Baja California.
En cuanto a las recomendaciones, la CNDH emitió 52, las cuales fueron dirigidas a 56 autoridades e instituciones, 10 al IMSS, cinco al gobierno de Chiapas, cuatro al ayuntamiento de Monterrey, cuatro al ISSSTE y dos a cada uno de los gobiernos de Nuevo León, Guerrero y Veracruz, además de otras dos a la Procuraduría general de Justicia Militar.
