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MÉXICO, DF.- En materia de tortura “el problema real y serio” se encuentra en las policías preventivas y judiciales de los estados, como una práctica para obtener la confesión de los delincuentes, aseguró Mario Ignacio Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Por ello, indicó que es frecuente que las procuradurías estatales soliciten el apoyo de la dependencia para aplicar el Protocolo de Estambul, el dictamen médico internacional para detectar casos de tortura física y sicológica.
De hecho, a un año de que la PGR se convirtió en la primera dependencia en el mundo en aplicar el protocolo, el próximo 11 de agosto presentará un informe sobre los casos en los que ha intervenido, incluyendo las ocho quejas presentadas durante 2004 por tortura en contra de la institución.
En entrevista, el funcionario federal aseguró que en las más de 70 quejas por tortura presentadas durante esta administración en contra de la PGR, se ha concluido en todos los casos que no existieron agresiones de este tipo y las denuncias son una estrategia de defensa de los delincuentes.
Sin embargo, reconoció que esta práctica se registra sobre todo en los cuerpos policiacos de las instituciones locales. “El problema de la tortura se da sobre todo en los estados... no son las policías federales las que recurren a la agresión como método contra los detenidos”, señaló.
Indicó que es el propio sistema el que propicia la existencia de la tortura, ya que debido a que los ministerios públicos cuentan con pocas horas para acreditar la presunta responsabilidad de un detenido en algún delito y consignarlo, se dan casos en que la confesión se obtiene mediante esta práctica.
Consideró que una situación similar se presenta en las policías preventivas, como parte del sometimiento a los detenidos, que se relaciona con la falta de capacitación de los elementos para cumplir sus funciones.
Ante este panorama, el subprocurador destacó que en los próximos días se iniciará la capacitación de personal de las procuradurías de Justicia de Nuevo León, Tabasco, Guanajuato y Morelos, para que éstas apliquen directamente el Protocolo de Estambul ante posibles casos de tortura.
Incluso, reveló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizará una aportación económica a México, a fin de que la PGR capacite a 600 peritos, para que en las procuradurías del país pueda aplicarse el dictamen para certificar los casos de tortura que se denuncien.
Alvarez Ledesma destacó que esta herramienta ha sido fundamental, incluso para inhibir que los delincuentes utilicen las denuncias por tortura como un método de defensa.
