SUN-AEE
MÉXICO, DF.- El Gobierno mexicano no escatimará esfuerzos para que en la solicitud de extradición de Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se incluya el delito de peculado electoral, que es considerado grave y por el que no tendría el beneficio de la libertad bajo fianza ni podría obtener un amparo.
Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), advirtió así que las autoridades de este país emplearán todos los recursos legales para que el ex funcionario sea repatriado por todos los delitos que se le imputan, por el desvío de recursos de la paraestatal a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En entrevista, el procurador indicó que la solicitud de extradición por peculado electoral contra Montemayor Seguy sigue vigente y hasta en tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos no se pronuncie sobre si es o no procedente su repatriación, “no escatimaremos esfuerzo alguno para que éste sea incluido en el proceso y poderlo juzgar por ese delito en nuestro país”.
María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), reveló que el Departamento de Justicia estadounidense les ha requerido una serie de documentación para analizar la inclusión del delito de peculado electoral en contra de Montemayor Seguy.
De esta forma, está abierta una posibilidad para que el ex funcionario pise la cárcel al llegar a México, en caso de que se incluya el cargo de peculado electoral, pues al ser considerado grave no le permite enfrentar proceso en libertad.
Hasta el momento, como se recordará, el juez John Hughes de la Corte Penal en Houston, Texas, ha concedido la extradición del ex director de Pemex por los delitos de peculado simple y uso de atribuciones y facultades, que no son considerados graves en este país.
Por ello, la defensa de Montemayor Seguy tramitó un amparo contra la orden de aprehensión en su contra, por lo que la Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo, María Leguizamo Ferrer, le concedió una suspensión definitiva que impide que el ex funcionario sea detenido al llegar a nuestro país y por lo que podría no pisar la cárcel.
De hecho, a partir de que el ex director llegue a México tendría tres días para presentarse ante la juez que le concedió el amparo; aunque su situación podría cambiar si se le finca el cargo de peculado electoral.
En tanto, la defensa del ex director tiene como fecha límite hasta el 11 de agosto para interponer en Estados Unidos el recurso conocido como “Habeas Corpus”, es decir, una apelación ante la Corte estadounidense en contra de la extradición que autorizó el juez, que podría retrasar su repatriación.