“True ya no está con nosotros y atrás han quedado una esposa y un hijo... No hay nada qué celebrar de la justicia mexicana después de cinco años y medio”.
Robert Rivard
Philip True murió en diciembre de 1998 en la zona huichola de la sierra Madre Occidental. Su cuerpo fue encontrado el 16 de ese mes. Unos días después dos sospechosos fueron detenidos por su presunta responsabilidad y, de hecho, confesaron haber cometido el homicidio.
Posteriormente los dos presuntos responsables afirmaron que su confesión había sido obtenida por tortura. A partir de entonces el proceso dio muchas vueltas. Los sospechosos fueron exonerados por un juez de primera instancia en 2001. Ya con los acusados en libertad, el fiscal apeló el fallo; un tribunal colegiado desechó la sentencia y devolvió el expediente al juzgado original. Un nuevo veredicto declaró culpables a ambos acusados. En esta ocasión fue la defensa la que apeló. Finalmente, este pasado 27 de abril, casi cinco años y medio después de los hechos, el tribunal de distrito ratificó de manera definitiva la culpabilidad de los acusados.
Este caso tuvo siempre un lastre enorme: la nacionalidad de la víctima y la etnia de los acusados. True era periodista del San Antonio Express-News y era ciudadano estadounidense. Los acusados, Juan Chivarra de la Cruz y Miguel Hernández de la Cruz, son indios huicholes. Y aunque nunca nadie lo decía abiertamente, flotaba en el ambiente la idea de que los tribunales mexicanos no podían condenar a dos indígenas por matar a un gringo que supuestamente había violado sus usos y costumbres.
True, un periodista cuyos amigos recuerdan por su sensibilidad ante los indígenas, entró a la sierra Madre Occidental con el encargo de hacer un reportaje sobre los huicholes. En su primera confesión los homicidas afirmaron que lo habían matado porque estaba tomando fotografías sin permiso, lo cual violaba los usos y costumbres de la comunidad. Se encontró, sin embargo, que los huicholes tenían algunas propiedades del periodista, lo cual levantó la sospecha de que el móvil real del homicidio había sido el robo. Más tarde los acusados afirmaron que True se había emborrachado y había tratado de abusar de la esposa de uno de ellos. Después dijeron que nunca lo habían visto y que, por lo tanto, no lo habían matado. Años después sostuvieron que habían asesinado a True porque éste estaba buscando gemas en tierras huicholas.
Miguel Gatins, un estadounidense de origen francés establecido en México, asumió como propia la defensa de Chivarra y Hernández poco después de iniciado el proceso. Gatins afirmaba que, en el sistema judicial mexicano, dos indígenas sin dinero no tenían posibilidad de obtener un juicio justo. Por esta razón contrató para defenderlos a una competente abogada mexicana, Patricia Morales, especializada en casos de derechos humanos. Ella fue, en efecto, quien consiguió la absolución original de los acusados en 2001.
Chivarra de la Cruz se hizo amigo de la abogada y en 2002 le confesó que él y Hernández sí habían matado a True. Consternada por haber liberado a dos homicidas, Morales habló con Gatins y ambos dieron a conocer públicamente la información. Los tribunales terminaron por confirmar los hechos.
Son muchas las lecciones de esta tragedia. La primera es que la justicia mexicana es lenta y errática. Es triste, por supuesto, que un indígena sin dinero y sin abogado no tenga posibilidades de obtener justicia en nuestro país. Pero también es inquietante que una buena abogada haya logrado la absolución de dos homicidas a pesar de la acumulación de pruebas en su contra y de sus constantes contradicciones. Quizá lo más preocupante es que esa absolución, aplaudida en algunos sectores, mucho le debía a la idea de que los acusados eran huicholes y la víctima un periodista gringo.
Afortunadamente Patricia Morales es una mujer de principios que entendió que un homicidio se debe castigar sin importar grupos étnicos o nacionalidades. De no haber sido por su valor civil, esta muerte habría quedado impune como tantos otras.
Aunque impune está todavía, por lo menos formalmente. Un grupo de policías judiciales, acompañado de la propia Patricia Morales, ha acudido a la comunidad huichola de los homicidas para pedir su entrega. Pero hasta el momento de escribir este artículo la comunidad se ha negado a presentarlos: sigue considerando que castigar a dos huicholes por matar a un gringo en tierra huichola es una gran injusticia.
Ejecución
La decapitación del estadounidense Nicholas Berg es otro más de los horrores de la insensata guerra de Irak. Parece que las dos partes en el conflicto quieren hacer gala de su salvajismo pero siempre ante cámaras de fotografía y de video.
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