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MÉXICO, DF.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, solicitó al gobernador de Oklahoma, Brad Henry, clemencia para el mexicano Osvaldo Torres Aguilera, sentenciado a la pena de muerte y cuya ejecución está programada para el 18 de mayo próximo.
La petición hecha por el ombudsman mexicano es con base en los elementos de convicción que demuestran la falta de oportuna ayuda legal y otras graves fallas previas al juicio cometidas durante las primeras indagatorias.
La CNDH considera que de no respetarse la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Estados Unidos sentaría un precedente negativo en el derecho internacional, particularmente por incumplir sus compromisos hacia la protección y defensa de las garantías fundamentales.
En su misiva, enviada el 4 de mayo pasado, Soberanes Fernández refiere que el 31 de marzo del año en curso la CIJ emitió un fallo definitivo en el que se determinó que en los procedimientos judiciales en contra del señor Torres Aguilera y 50 mexicanos más, se violaron las garantías procesales del artículo 36, párrafos primero y segundo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares; por lo mismo, Estados Unidos debe buscar un remedio apropiado que tenga la naturaleza de revisar y reconsiderar los casos de conformidad con los criterios indicados en su fallo.
Osvaldo Torres fue procesado en 1995, pero el jurado no pudo alcanzar ninguna decisión y el proceso fue desechado. Tras un segundo juicio, en 1996 fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte.
En otra misiva -también de fecha cuatro de mayo- dirigida a la presidenta del Comité de Perdones y Conmutación de Penas del estado de Oklahoma, Susan B. Loving, el presidente de la CNDH solicitó a esta funcionaria intervenir ante el gobernador Henry en favor de Torres Aguilera para que, de sostenerse la inculpación, se imponga sentencia distinta a la pena capital, “hecho que sería reconocido por la comunidad internacional como un signo inequívoco del compromiso que las personas de Oklahoma tienen con el respeto a la vida”.
“Si bien es cierto que el señor Torres fue procesado y sentenciado de conformidad con las leyes estatales de Oklahoma, y que es la voluntad de las personas de ese estado el cumplimiento de sus leyes, el aplicar la pena de muerte en un caso donde no existieron las garantías procesales que otorga el derecho internacional es un evento que vulnera la dignidad de los seres humanos”; ello obliga a que este caso sea revisado de nuevo por las cortes, manifiesta Soberanes Fernández.
El ombudsman nacional también envió sendas cartas a los integrantes del Comité de Perdones y Conmutación de Penas del estado de Oklahoma, entre ellos James M. Brown Sr. - vicepresidente de dicho comité-, Susan Bussey, Clinton Johnson y Richard L. Dugger, en que les solicita igualmente su intervención para que consideren las numerosas anomalías cometidas en la inculpación, y que sea suspendida la ejecución de Torres Aguilera.
