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MÉXICO, DF.- La CNDH solicitó al gobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, que gire instrucciones para que se inicie la averiguación previa contra elementos de la Policía Judicial estatal que golpearon y torturaron a Daniel Armando Torres Félix para obligarlo a que se declarara culpable de homicidio.
En la recomendación dirigida al gobernador Martínez García la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también le pidió que instruya al Organo de Control Interno competente para que determine con apego a la Ley el procedimiento administrativo contra los culpables.
La CNDH detalló que los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2002 cuando aprehendieron con lujo de violencia a Torres Félix, quien se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Industrial, en Chihuahua, Chihuahua, y se lo llevaron esposado acusado de asalto y robo.
Sin embargo, según la declaración de la hermana del agraviado Angélica Torres Félix, quien presentó la queja ante la CNDH, al detenido lo trasladaron al “canal Y27”, y en un cuarto lo golpearon y torturaron con toques eléctricos en piernas, nuca, abdomen y genitales para que se declarara culpable de un homicidio que no cometió.
Esa misma fecha, agregó, un visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua acudió al centro de Readaptación Social del estado y certificó las lesiones de Torres Félix, quien presentaba golpes en el cuerpo y huellas de quemaduras.
Luego de investigar el caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua comprobó la violación a las garantías individuales de Torres Félix emitiendo la Recomendación 12/2004.
Esa recomendación no fue aceptada por el subprocurador de Justicia Zona Centro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, razón por la cual los quejosos interpusieron el recurso de impugnación ante la CNDH.
El organismo defensor acreditó la probable responsabilidad administrativa y penal de seis agentes de la Policía Judicial, así como de su comandante, todos adscritos a la Procuraduría General de Judicial del Estado de Chihuahua, quienes detuvieron al agraviado.
En ese contexto, consideró que el agravio expresado por Torres Félix es fundado, porque se advirtieron violaciones a sus derechos humanos, a la integridad personal, a la legalidad y a la seguridad jurídica, por lo que acredita la presunta responsabilidad administrativa y penal de los involucrados.
