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Pide Fox coordinar Consejo de Seguridad

El jefe del Ejecutivo envió un oficio en el que solicita se modifique la Constitución para que él pueda coordinar en Consejo de Seguridad Pública.

18 de agosto 2004.

México, (Notimex).- El presidente Vicente Fox Quesada solicitó hoy al Congreso de la Unión que se modifique la Constitución para que él coordine, junto con los tres niveles de gobierno, el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El oficio enviado por la Secretaria de Gobernación remite el texto modificado del artículo 10 de la iniciativa de ley de seguridad pública, reglamentaria de los párrafos séptimo y octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 1 de abril de 2004.

En el escrito, firmado por el jefe del Ejecutivo, se propone la inclusión del secretario de Hacienda y Crédito Público, por ser de su competencia la evaluación y autorización de gastos de las entidades del Ejecutivo, entre ellas las vinculadas con la seguridad pública.

Con ello, explicó, se lograría un contacto directo entre la entidad que administra el gasto y aquellas que de manera ejecutiva llevan acabo la función de seguridad pública, consiguiendo al mismo tiempo una rendición de cuentas más clara y la manifestación de necesidades respecto de los recursos destinados a este rubro.

También propone incluir al secretario de la Función Pública, debido al desempeño y evaluación de los servidores públicos que hacen tareas de seguridad; así como al de Relaciones Exteriores, toda vez que dentro de sus funciones de intercambio con otras naciones se pueden fortalecer los mecanismos de seguridad.

Además, los secretarios de Educación Pública y Salud, en virtud de que su participación enriquecería su integración en temas relacionados con la prevención del delito a través del diseño de programas educativos encaminados a este fin.

Asimismo, a los titulares del Instituto Nacional de Migración, del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, de la Coordinación General de Protección Civil y de la Administración General de Aduanas, para que las decisiones de este órgano sean congruentes con las labores de las instituciones involucradas con la preservación de la seguridad ciudadana.

Ello para que el Consejo optimice su integración con la participación permanente de una representación ciudadana, que contaría con voz y voto, al igual que las autoridades que componen este importante órgano colegiado.

Así, en un ánimo de participación ciudadana, la sociedad podrá hacer llegar sus propuestas para ayudar a resolver el problema de la inseguridad; además, bajo el signo de la transparencia, estará en posibilidad de conocer directamente decisiones trascendentales, como la asignación de recursos presupuestarios a los tres niveles de gobierno para combatir este flagelo social.

En la exposición de motivos, el presidente Vicente Fox explica que para garantizar una participación plural y homogénea de las variadas instituciones privadas interesadas en la materia, la iniciativa propone que el representante ciudadano en el Consejo sea renovado periódicamente, sin perjuicio de su posible ratificación.

En el esquema propuesto se mantiene la disposición prevista en la iniciativa original, conforme a la cual, el Consejo también podrá invitar a sus sesiones de trabajo, de manera temporal o permanente, a otros representantes de instituciones u organismos no gubernamentales o de participación ciudadana que tengan alguna aportación en las funciones del organismo.

Por otra parte, el proyecto que se somete a consideración del Congreso de la Unión también prevé incorporar a tres alcaldes designados por la Conferencia Nacional de Municipios de México, con el argumento de que las labores que desempeñan los cuerpos de seguridad pública municipales tienen suma importancia y para que se genere corresponsabilidad entre las autoridades, federales y estatales.

La seguridad pública es una de las funciones primarias y fundamentales que justifican la razón de ser del Estado; por ello, es un deber ineludible de todas las autoridades del país garantizar la seguridad de los mexicanos, de sus familias, de sus bienes y de su patrimonio.

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