Reuters
LA HAYA, HOLANDA.- Un grupo de abogados pidió a la Corte Penal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investigar al presidente venezolano Hugo Chávez por crímenes contra la humanidad, alegando que los abusos incluyen asesinatos y torturas con motivación política.
Alfredo Romero, un abogado que representa a los familiares de 52 víctimas de la violencia política en Venezuela, dijo ayer que se ha reunido con fiscales de la CPI y ha pedido que se investiguen las denuncias de abusos.
“Esta es una demanda contra el presidente Chávez y su Gobierno por crímenes contra la humanidad”, dijo Romero.
Romero forma parte de un grupo de abogados que asisten a familiares de al menos 19 víctimas fatales de armas de fuego durante una marcha contra Chávez el 11 de abril de 2002, cerca del palacio presidencial, en el centro de Caracas.
La violencia derivó en el breve derrocamiento de Chávez, cuando un grupo de militares de alto rango lo responsabilizó de los sucesos y lo sacó del poder durante 48 horas.
Pero el Mandatario, que regresó al cargo de la mano de tropas leales y de sus seguidores, ha culpado a sus adversarios por los muertos y los heridos que se registraron durante los hechos de violencia que rodearon su salida y regreso al poder.
Romero dijo que solicitó al tribunal investigar más de 20 casos de torturas desde 2002, más de 40 muertes por motivos políticos, más de 50 casos de violencia física y cuatro casos de abuso sexual.
“Todos estos casos fueron motivados por razones políticas”, agregó. La corte no confirmó si recibió la solicitud formal.
Grupos de derechos humanos han acusado al Gobierno de Chávez de uso excesivo de la fuerza para controlar recientes manifestaciones que demandaban la convocatoria de un referendo sobre la gestión del mandatario. Han denunciado casos de uso de armas de fuego, golpizas y torturas.
El militar retirado ha negado que se cometieran abusos, calificando a los manifestantes de subversivos armados, y elogiando la acciones de las fuerzas de seguridad.
La semana pasada, el Defensor del Pueblo venezolano dijo que las autoridades habían torturado a manifestantes detenidos durante las protestas, pero que no dispararon ni asesinaron a ninguno de ellos.
El funcionario pidió al Gobierno investigar, pero también acusó a los líderes de la oposición de instigar la violencia y decir que las tropas y policía dispararon.
Adversarios de Chávez, electo en 1998, lo acusan de estar incrementando la acción represiva y dictatorial, mientras el líder los califica de “oligarcas” apoyados por Estados Unidos que intentan derrocar su “revolución” en el quinto exportador mundial de petróleo.
La Corte Penal Internacional -fundada en 2002 para juzgar genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad-, sólo puede actuar si los tribunales nacionales no pueden o no lo hacen, y tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos por ciudadanos de los países firmantes del tratado, dentro y fuera de esos países.
Venezuela es uno de los más de 90 países que han ratificado el tratado del tribunal. Decenas de países, especialmente Estados Unidos, han rechazado la corte.
