EFE
Santiago de Chile.- Abogados de derechos humanos pidieron ayer al Gobierno del presidente chileno Ricardo Lagos que dé a conocer las identidades de quienes torturaron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los profesionales sostienen que todos los antecedentes que aparecen en un informe recientemente difundido sobre la práctica de la tortura durante el régimen militar deben ser traspasados a los tribunales.
?Hay múltiples antecedentes en este informe que tienen que conocer los tribunales, porque no es posible que esa información que le pertenece al país entero quede hoy clasificada por 50 años?, subrayó la abogada Julia Urquieta.
El pasado domingo, el presidente de Chile, Ricardo Lagos, dio a conocer al país el Informe sobre Prisión Política y Tortura, que recoge los testimonios de 35 mil personas y cuya lectura conmueve por los horrores descritos.
El documento establece que en la tortura participaron las Fuerzas Armadas y Carabineros, la policía secreta de la dictadura y también civiles que voluntariamente se prestaban a esas prácticas con políticos de izquierda.
Según Urquieta, todas las experiencias internacionales demuestran que la única manera que un pueblo sea capaz de construir un futuro estable es que se sepan los crímenes y quiénes fueron los responsables.
Para Hugo Gutiérrez, también abogado de derechos humanos, es importante que quienes tuvieron responsabilidades en los vejámenes que se cometieron bajo el régimen militar reciban la sanción que en derecho corresponde.
El profesional señaló que es necesario que como parte del reconocimiento a quienes fueron prisioneros y torturados bajo la dictadura se preserven aquellos lugares donde se cometieron las atrocidades.
En ese sentido, afirmó que el buque escuela ?Esmeralda? debe quedar fuera de funcionamiento y convertirlo en un lugar de memoria
?Allí se cometieron horrendos crímenes?, subrayó.
Lautaro Carmona, miembro de la comisión política del Partido Comunista, además de apoyar la petición de los juristas, agregó que se deben aclarar las responsabilidades de todos los políticos que participaron en las torturas o violaron los derechos humanos durante el gobierno de facto.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez dijo que es obligatorio que los torturadores reconozcan públicamente las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
