| El Siglo de Durango
La ley debe aplicarse sin distinción de credos o religión y con mayor razón por parte de los servidores públicos, dijo Manuel Sandoval Medrano, ex presidente de la Barra de Abogados, quien manifestó que si Carlos Granadino Loaeza, director de Regulación Sanitaria, cometió alguna irregularidad en el caso, debe aplicarse la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado o bien las leyes penales que correspondan si existe un delito más grave.
Antier magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como el presidente del Colegio de Abogados, Juan Francisco Vázquez Novoa, declinaron informar sobre el asunto del Director de Regulación Sanitaria de los Servicios de Salud de Durango, sobre los presuntos actos de corrupción por los que fue señalado por un ex verificador sanitario.
Señaló anomalías en 1996 y 1998 en el aseguramiento de medicamento psicotrópicos que fueron devueltos, y en la detención de diligencias contra su concuño Luis Enrique Nájera, cuando hubo producto del mar en estado inconveniente para su consumo. Los primeros rechazaron información porque dijeron que no deseaban caer en un conflicto y el segundo porque no tenía los documentos a la mano.
Vázquez Novoa, quien se comprometió a analizar la información ayer a temprana hora, estuvo en una audiencia durante toda la mañana y parte del medio día, según explicaron sus secretarias de despacho.
Como fuente informativa alterna, el ex Presidente de la Barra de Abogados indicó que la ley no puede interpretarse, o ser flexible, sino aplicarse, pues esta función sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La aplicación del Derecho no debe ser ni siquiera por analogía ?explicó-, porque una norma establecida es para cumplirla o hacerla cumplir por parte de la autoridad, por lo que calificó como equivocadas las acciones de Granadino Loaeza. La ley debe ejercerse sin importar el lugar, ni las condiciones, y en lo que respecta a las normas y reglamentos de salud, las autoridades tienen que estar sometidas a su diligencia, no a su análisis.
Manifestó como inadecuado que las normas de cualquier índole se puedan usar a criterio de las personas, pues se derivaría la posibilidad de la corrupción y el tráfico de influencias. Ambos fenómenos sociales deben evitarse, mucho más ahora que la sociedad está muy pendiente de las acciones de la autoridad, pues ya no son los tiempos de antes, donde la autoridad era omnipotente y la sociedad sólo estaba sorda y ciega ante las acciones de un funcionario público, dijo.
Con respecto a las declaraciones de Granadino Loaeza, al informar, el pasado 9 de junio, a este medio de comunicación, que aceptaba que los hechos que sucedieron en 1996 y 1998 fueron ciertos, en donde refirió que los ha continuado haciendo y continuará realizándolos, Manuel Sandoval precisó que debe existir una modificación de esta conducta, pues no pueden existir distinciones en la interpretación de la ley.
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PAQUETE
Más fundamentos
En octubre del 2002, un paquete de más de mil 500 lentes, aproximadamente, que pretendía donar la asociación ?Catholic Health Partners?, fue rechazado en la aduana de Durango, por no contar con la documentación correspondiente que avalara su estancia en este lugar y aunque pretendían ser utilizados para personas de escasos recursos económicos, en coordinación con el DIF Estatal, la ley que en aquella ocasión aplicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue inflexible y rígida, cuando se comprobó que no estaban pagando impuestos, por lo que el lote del producto se regresó.
No se interpretó, ni se tomaron en cuenta credos o la causa de beneficencia por la que iban a ser introducidos los lentes a Durango, sino que simplemente se aplicó la ley, indicó Manuel Sandoval Medrano.
Aunque hubo controversia en cuanto a la aplicación de la ley, ésta simplemente se ejerció a pesar del fin de la donación.
