EFE
CARACAS, VENEZUELA.- La oposición radical venezolana llamó ayer a reanudar la “desobediencia ciudadana activa y generalizada” y a no acudir a la verificación de firmas requeridas para la celebración de un referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez.
En un comunicado publicado en el diario caraqueño “El Nacional”, el Bloque Democrático, que aglutina al radicalismo antichavista, asegura que “en estos momentos se está desarrollando una severa crisis” en la Fuerza Armada y prevé que finalmente la institución “se definirá a favor” de la oposición.
Agrega que no debe aceptarse “bajo ninguna circunstancia” la decisión del martes pasado del Consejo Nacional Electoral (CNE), de requerir que próximamente sean ratificadas por sus titulares unas 600 mil firmas “dudosas” si se quiere alcanzar el mínimo de 2.4 millones necesario para la celebración del referendo presidencial.
Por ello exhorta “al resto de la oposición a que recuerde que ya desconoció al CNE hace una semana” y que, “por lo tanto, no le sigan haciendo el juego al régimen, puesto que ya están cruzando la línea de la complicidad y de la traición a la patria”.
Un sector de ese “resto de la oposición”, aglutinado en la Coordinadora Democrática, mantiene conversaciones con el CNE en busca de un mecanismo de consenso para proceder a la verificación de 1.1 millones de firmas “dudosas” que sellarán si habrá o no el referendo revocatorio del mandato de Chávez.
Las negociaciones con el CNE también atañen aspectos relacionados al número de mesas que se habilitarán para esa confirmación, horarios y días de duración del proceso, aún sin fecha.
Para que se convoque la consulta se requiere que 2.4 millones de firmas (20 por ciento del registro electoral) lo pidan, para lo cual el CNE ya validó 1.8 millones y la Coordinadora necesita que otras 600 mil sean confirmadas durante el proceso de verificación.
Al igual que el Bloque, los sectores de la Coordinadora contrarios al diálogo con el CNE exigen que los 1.1 millones de firmas “dudosas” sean simplemente dadas por buenas, y que se descuenten sólo las de los titulares que expresen su deseo de que sean excluidas.
El Gobierno argumenta que eso consumaría el fraude que denuncia porque -asegura- la mayoría de esas firmas son falsas (de menores, fallecidos, extranjeros e inhabilitados) y quedarían como válidas.
