Con el fin de prever que en el futuro no se presenten situaciones que obstaculicen la continuidad en las obras de la supercarretera Durango-Mazatlán, ayer el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se pronunció a favor de hacer una excitativa el Gobierno Estatal para que se tomen las medidas pertinentes.
?Al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional nos preocupa que esta magna obra presente este tipo de contratiempos, que lo único que generan es pérdida de recursos económicos por el tiempo que se detiene la maquinaria y el personal, y que de cierta manera.
Además, dejan en riesgo que las autoridades a nivel central y las estatales, al observar esta serie de inconformidades puedan tomar la determinación de cancelar la inversión, por lo que se debe tener cuidado toda vez que esta serie de contratiempos ocasionan cargos por parte de las constructoras, lo que encarece el costo de la obra?, expresó el diputado Rubén Velasco, en un pronunciamiento que no generó ninguna discusión y solamente se quedó en eso.
Dijo que aparentemente el problema que paralizó los trabajos de construcción de la supercarretera ya fue sorteado por la administración estatal, ?pero nos deja en claro los riesgos que se corren son grandes y más aún si no se llega a un consenso adecuado con los afectados?.
Se refirió al bloqueo que realizaron habitantes del ejido 16 de Septiembre, por supuesta inconformidad en los daños que les ha ocasionado a sus tierras la obra de la supercarretera. ?La suspensión de los trabajos duró aproximadamente 15 días, debido al bloqueo que se realizó en un tramo aproximado de 12 kilómetros de caminos, lo que impidió continuar las actividades de construcción en la rúa?.
?Al parecer uno de los motivos de los ejidatarios inconformes es que solicitaban un adelanto económico a cuenta de la indemnización como resultado de la afectación que sufrieron, y por consecuencia debería pagar la administración estatal por la expropiación de tierras?.
Pero además, amenazan con acciones similares los ejidatarios de Máximo García, de no renovarse el convenio de ocupación previa con el Gobierno del Estado, que vence en septiembre próximo, y por los daños causados por parte de las empresas constructoras a la tierra, y que no están contemplados en el contrato.
